El novio de Ayuso pide a la Audiencia que valore tres pruebas que rechazó la juez para defenderse del delito fiscal

Se trata de la citación de dos testigos y la admisión de un informe pericial, según el recurso de apelación presentado por los letrados Gabriel Rodríguez Ramos y Carlos Neira, al que ha tenido acceso ABC, cuando González Amador se encuentra ya al borde del banquillo.

La juez -sustituida por su jubilación por el magistrado Antonio Viejo- ve indicios de que González Amador incurrió en una «liquidación tributaria delictiva (art. 305 CP) del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 de la mercantil Maxwell Cremona, por considerar que una factura emitida por la mercantil MKE Manufacturing y vinculada a los servicios profesionales de intermediación en México no respondería a servicios reales y debiera considerarse falsa», igual que con la mercantil Gayani LTD en Costa de Marfil en 2021.

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En el segundo caso, la defensa de González Amador expone que la instructora -a diferencia del primer caso en el que citó como investigados al investigado y a Maximiliano Niemerer, quien habría prestado los servicios- no ha agotado las diligencias, pues no ha citado a declarar a César Alonso Mollar y Juan Carlos Andreu, los intermediarios en la operación presuntamente delictiva en 2021.

«D. César Alonso Mollar y D. Juan Carlos Andreu han tenido conocimiento directo de hechos relacionados con la factura emitida por la mercantil Gayani LTD(vinculada a la actividad de D. Maximiliano Niederer) de fecha 16 de junio de 2021 por importe de 922.585,63 € y contabilizada por Maxwell Cremona, y sus declaraciones e integración de su resultado en el sumario resultan, además de posible, esenciales para la valoración, en los términos y a los efectos del apartado cuarto de la pericia de D. Jorge Salto Guglieri, sobre la realidad de la existencia o no de los servicios de intermediación prestados en Costa de Marfil por la mercantil Gayani LTD y de D. Maximiliano Niederer», se puede leer en el recurso de González Amador. El citado informe pericial de Jorge Salto es la tercera prueba que la defensa de la pareja de Ayuso insiste en incorporar a la causa en su descargo.

Los abogados de González Amador alegan ante la Sala, para ser escuchados, que «la negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas en tiempo y forma por D. Alberto González Amador y que conducen a que el órgano instructor pueda valorar y descartar de forma objetiva la concurrencia de los tipos que se proponen aplicar en relación a la decisión prevista en el art. 779 LECr (lo que constituye el contenido material del derecho de defensa de D. Alberto González Amador en la fase de instrucción que nos ocupa), constituyen la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de D. Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido material».