El cupo para Cataluña, una piedra en el zapato para cinco ministros clave del PSOE

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Defender un 'rancho aparte' fiscal para una comunidad rica como Cataluña no es el mejor cartel de presentación para un líder territorial socialista en otra comunidad, pero ni a Emiliano García-Page en Castilla La Mancha ni a Adrián Barbón en Asturias, por poner los ejemplos más señeros, les duelen prendas en criticarlo abiertamente, porque a diferencia de sus cinco compañeros, no forman parte del Ejecutivo que aboga e impulsa ese modelo, como quedó de manifiesto esta semana con el acuerdo firmado entre la Generalitat y el Ministerio de Política Territorial.

Las incomodidades ante esta situación han quedado de manifiesto esta semana, sobre todo por lo que se refiere a la vicepresidenta Montero, cuya agenda pública se quedó en blanco los tres primeros días de la semana (con la excepción, obviamente, de su asistencia el martes a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros), justo cuando el asunto estaba más candente. Y antes de que el caso Montoro, paradójicamente, cambiase el discurrir informativo de la semana.

Pilar Alegría, cargo obliga, es quizás la más expuesta a tener que defender el modelo. El martes, en su rueda de prensa semanal, y a preguntas de los informadores, tuvo que explicar cómo argumenta ante los aragoneses, y en particular ante los del pequeño pueblo de Zaragoza, La Zaida, del que es originaria, la negociación bilateral de un sistema de cupo para la comunidad vecina. «Cuando hablamos de financiación autonómica, fundamentalmente de qué estamos hablando, pues de Educación, de Sanidad, de dependencia... de cómo mejorar esos servicios públicos para los ciudadanos, vivan en un pueblo de setecientos habitantes como en el que yo he vivido prácticamente toda mi vida, o vivan en la ciudad más importante de España», argumentó al respecto.

Pilar Alegría

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Diana Morant

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La piedra en el zapato no es menor para López en Madrid, otro motor económico de España a cuyos ciudadanos tiene que explicar que defiende un acuerdo -el del Gobierno de Salvador Illa con el Ejecutivo central- que entre otras cosas pretende limitar el margen de maniobra en la política impositiva para todas las comunidades, mientras se establecería (algo que eventualmente debería superar una votación parlamentaria) ese sistema de concierto o cupo para Cataluña.

No son menores, desde luego, los problemas de encaje discursivo para Diana Morant, candidata a la presidencia de una comunidad que desde hace años denuncia una infrafinanciación con respecto al resto, algo que aúna un consenso bastante amplio de su arco parlamentario, incluidos los nacionalistas de Compromís.

El debate sobre financiación, en definitiva, supone una dura prueba para el modelo por el que apostó Sánchez en la última renovación de los liderazgos territoriales, realizada aún en época de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del partido. Un modelo basado en compaginar liderazgos autonómicos con carteras ministeriales, que será evaluado en el próximo ciclo electoral.