El Consejo Fiscal aprueba por unanimidad amparar a los fiscales del 'procés'

«La defensa del Estado de derecho es una función prioritaria de los y las fiscales en nuestra labor diaria ante los tribunales de justicia. El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático. De ahí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia, como así ha sido desde hace más de cuarenta y cinco años», reza el texto.

Según se informa desde Fiscalía, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas el posible pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía, al igual que hizo el Consejo General del Poder Judicial. García Ortiz ha considerado que una opinión acerca de esta norma «excedería las competencias que este órgano tiene legalmente atribuidas» y supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma.

Respecto a las actuaciones de la Fiscalía en relación con las declaraciones de la diputada Miriam Nogueras, que llamó «indecentes» a magistrados concretos, el fiscal general no las ha querido condenar y ha recordado que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia deben dirigirse al Consejo General del Poder Judicial, mientras que lo que se encomienda al Ministerio Fiscal es promover por sí o a petición de aquéllos, las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

García Ortiz ha aludido en este sentido a la inviolabilidad de la que gozan los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones«, según el artículo 71.1 de la Constitución.

En paralelo a la celebración del Consejo Fiscal, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, agradecía durante su intervención en el foro de discapacidad que el ministro Bolaños dejara ayer claro que los jueces no tienen obligación de comparecer en comisiones que Guilarte ha tildado de «extravagantes». Lo contrario, ha adelantado, implicaría un choque entre los poderes del Estado y la imposibilidad de cualquier entendimiento. «Bienvenidas esas palabras que en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo en documento alguno y a buen seguro nos habríamos ahorrado las tensiones que hemos vivido»

El silencio del fiscal general a raíz del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts había generado un profundo malestar en buena parte de la carrera, que en varias ocasiones le habían reprochado su falta de respaldo específico a los fiscales que han llevado causas relacionadas con el independentismo en Cataluña y una condena a las comisiones de investigación que pretenden escudriñar el trabajo de jueces y fiscales.

La mayoría del Consejo Fiscal (los seis consejeros de la AF y el vocal de APIF) habían pedido una declaración de «expreso amparo, reconocimiento y respaldo» del órgano «a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés' realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política«.

En una carta fechada el pasado 14 de noviembre, los fiscales del 'procés' le habían expresado su preocupación por la creación de comisiones de investigación para escrutar la labor jurisdiccional en causas relacionadas con el independentismo catalán y establecer que la valoración que efectúen esas comisiones de investigación «podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional». «Parece necesario recordar que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático y de Derecho y de que iniciativas como ésta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial«, señalaban.

Este lunes el vocal del Consejo Fiscal Salvador Viada, el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), había pedido al fiscal general que introdujera en el orden del día del pleno del órgano previsto para el miércoles la intervención de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras , en el Congreso, donde llamó «indecentes» y acusó de 'lawfare' a jueces y magistrados concretos. El vocal exigía un pronunciamiento claro por parte del fiscal general y del Consejo Fiscal, al considerar semejante ataque «no puede quedar sin respuesta».