Cuáles son las concesiones de Sánchez a Junts para sacar adelante sus decretos

Como bien ha explicado Daniel Tercero en su crónica, los siete diputados de Carles Puigdemont no han votado en las convalidaciones de los tres primeros decretos-ley del Gobierno a pesar de haber defendido desde la tribuna de los oradores por activa y por pasiva que no los aceptarían tanto por la forma como por el fondo, permitiendo así la aprobación de dos de ellos. Pero, ¿a cambio de qué? De la gestión «integral» de la inmigración para la Generalitat de Cataluña y el compromiso del PSOE de publicar la balanzas fiscales y, también, la eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afectaba a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite).

A continuación, ABC te explica los trofeos que el líder del Ejecutivo ha otorgado al expresidente catalán para salvar sus decretos:

En primer lugar, Sánchez ha concedido a Junts la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que la cuestión fuese elevada a Europa. Un artículo, dice Junts, que «amenazaba la viabilidad» de la futura norma. Un apartado con el que los secesionistas temían un freno al borrado de los delitos del procés.

Entre las medidas que han logrado que Junts se haya abstenido en la votación de los reales decretos del Gobierno de Sánchez también destaca la cesión total -«delegación», según los de Puigdemont- de las competencias sobre inmigración a la Generalitat catalana, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española a través de una ley orgánica específica para Cataluña.

La cesión de estos recursos, señalan los de Puigdemont en un comunicado oficial, irá acompañada de «los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea ​​el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país».

También se reformará la Ley de Sociedades mediante Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto sacado adelante por el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña.

A partr de ahora, el PSOE se ha comprometido asímismo a publicar de manera «inmediata» los datos oficiales para el cálculo de las balanzas fiscales. Una medida que esconde la pretensión de justificar una nueva financiación para los catalanes a la manera del concierto vasco.

El estado español, se jacta Junts en el mismo comunicado, asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público.

Junts ha acordado con el Gobierno de Sánchez que el IVA del aceite de oliva quede fijado en el 0 por ciento, convirtiéndose así en un alimento esencial.

Además, el Gobierno multiplicará por cinco la inversión prevista para la digitalización de la administración de la Justicia (de 1,2 a 6,2 millones de euros) y por último, «se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local», sin más concreción sobre este último asunto.