La víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra recurre el archivo de la causa contra la exvicepresidenta valenciana

De acuerdo con el documento presentado en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia y que obra en poder de este periódico, la defensa de Maite Tanco suplica al magistrado que anule y deje sin efecto la resolución recurrida y ordene la continuación del procedimiento para la práctica de las diligencias pertinentes y posterior dictado de auto de acomodación a procedimiento abreviado.

Para ello, expone que el fallo del juez al que llega después de examinar la «prolija argumentación que no por extensa resulta más convincente», no parece «la consecuencia lógica» de una «valoración racional del material indiciario acopiado ni coherente con anteriores pronunciamientos, llamando poderosamente la atención el radical e inexplicado cambio de criterio del instructor, que ahora no ve delito donde antes si lo vio».

De hecho, señalan que las demás resoluciones con contenido incriminatorio dictadas a lo largo del proceso, han sido «diametralmente opuestas» a esta última. Así, defienden que más allá de las explicaciones de los investigados «a las que ahora se les ha dado un valor que antes se negó», no han aportado prueba alguna que descarte la teoría acusatoria.

«Por eso sorpende mucho -continúa- el cambio de parecer del instructor, cuya mejor expresión se encuentra en la exposición razonada que dirigió al TSJCV, y que concluye ahora en la irrelevancia penal de las conductas atribuidas a los investigados; a todos, sin discriminación», enumera la defensa de la víctima del ex de Oltra.

Así, no entienden que «donde entonces se veían situaciones tan inexplicables que no podían tener otra lectura más que la concertación para la ocultación de los abusos, se vean ahora actuaciones meramente irregulares». De este modo, tras recibir la declaración de los implicados, se preguntan la razón de la iniciativa del instructor de citar hasta ocho personas más de las inicialmente denunciadas sin haber mediado en ningún caso solicitud.

«Se podría mantener con cierta lógica jurídica que tal vez no existieron -indicios racionales de criminalidad suficientes- nunca, pero lo que no se puede afirmar es que se han desvanecido», replican a las palabras textuales del juez. «¿Se han desvanecido las DIP de Fiscalía? ¿La sentencia de la AP Sección 2ª? ¿La información parajudicial de Consellería? ¿el acta de sesiones de les Corts donde la investigada Oltra afirma haber dado la orden de su tramitación? ¿Sus declaraciones ante los medios de comunicación?», cuestionan.

Seguidamente, los abogados de Maite hacen referencia en su recurso de apelación a que las preguntas de la Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana y la Sala de lo Civil y lo Penal «siguen sin respuesta» tras el archivo de la causa. Sobre la desaparición de los indicios de los que habla el auto, se preguntan qué podía aportar y qué podía aclarar la víctima de los abusos, teniendo en cuenta que «de los hechos objetos de investigación apenas tuvo conocimiento por desarrollarse a sus espaldas».

«En realidad, lo que subyace en el auto es la tesis de la defensa de Ramirez Icardi: la falta de credibilidad de Maite», critican con dureza los letrados. «Como no dijo nada cuando se le preguntó, como no quería denunciar, como era una mentirosa y manipuladora pues era lógico que no hicieran nada y dieran carpetazo al asunto, porque además tampoco existía un protocolo de actuación en esos casos», exponen.

Por otro lado, respecto al tráfico de correos electrónicos entre los investigados, critican que «la mayoría han sido borrados y no se ha obtenido apenas información», por lo que «no puede extrañar teniendo en cuenta el tiempo del que han dispuesto para eliminar cualquier rastro de correo incriminador, ser una medida previsible, y haberse hecho público que se iban a intervenir».

Por todo ello, la defensa de Maite entiende que los hechos presentan indiciariamente «caracteres de suficiente entidad» como para continuar la instrucción y una vez concluida dictar auto de acomodación a procedimiento abreviado.

Así, confían en que el magistrado decida que la investigación prosiga «a fin de esclarecer el episodio de la conducción engrilletada», cuando la víctima fue conducida y custodiada por funcionarios de la Policía Autonómica al juicio en el que comparecía como testigo y víctima.

«Partiendo del hecho de que hubo un intento de ocultar primero y desacreditar después la denuncia de los abusos, no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia: amedrentando a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio», teorizan.

En paralelo, la asociación Gobierna-Te, presidida por Cristina Seguí y que ejerce una de las acusaciones populares, también ha hecho pública su adhesión al recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Valencia y ha señalado su máxima representante en redes sociales que «esto no ha terminado».

Fue el pasado 2 de abril cuando el juez archivó la causa al entender que las supuestas directrices para encubrir al condenado «finalmente no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad y quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva».