Valencia necesita construir 133.000 viviendas antes de 2030 para atender la demanda del mercado

El problema de acceso a la vivienda afecta a sectores amplios de la población, como los jóvenes o las familias de rentas medias y bajas, lo que ha obligado a muchos residentes a desplazarse a zonas periféricas. No sólo impacta en el bienestar de las familias, sino que también supone un lastre para el desarrollo económico de la región. De hecho, la vivienda ya es la principal preocupación en nuestro país, cuando hace tan sólo dos años era la séptima, según el barómetro del Consejo Superior de Investigaciones Sociológicas.

«La situación actual exige decisiones valientes, coordinación entre administraciones y un nuevo pacto público-privado para hacer frente a un reto que no solo afecta a las familias, sino también al desarrollo económico sostenible de nuestra provincia», ha subrayado el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.

El responsable del estudio, Amadeo Aznar, técnico del área económica de Cámara Valencia ha explicado los principales factores que explican el incremento del precio de la vivienda, entre ellos: el aumento sostenido de la población residente, el auge del turismo y de las viviendas de uso turístico, la transformación de los modelos familiares y el envejecimiento poblacional, que limita la rotación en el mercado.

A ello se suman las dificultades estructurales del lado de la oferta, como la escasez de suelo urbanizable, el encarecimiento de los materiales, la falta de mano de obra cualificada y una normativa cada vez más exigente y compleja.

El coste de los materiales y de la mano de obra se ha incrementado sin precedentes, debido a factores como el incremento del precio de la energía, la guerra de Ucrania, que provocó escasez de materias primas, o la pandemia que dio lugar a restricciones logísticas e interrupciones en la cadena de suministros, entre otros. Además, las medidas para reducir las emisiones de carbono también han aumentado los costes, sobre todo, en materiales energéticamente intensivos como el acero y el cemento.

Por otro lado, el encarecimiento del suelo urbano bruto en la provincia de Valencia se ha convertido en un factor clave en el incremento del precio de la vivienda nueva, ya que el suelo puede representar hasta el 40% del precio final. Asimismo, según Cámara Valencia, de las 58.320 viviendas protegidas que se construyeron en la provincia en la década de los noventa, se ha pasado a la construcción de 2.216 de la última década (2014-2024). Este descenso se debe, en parte «a la recalificación de vivienda protegida en vivienda libre, tras un periodo de espera sin vender las viviendas», señalan.

Respecto a los factores que influyen a la demanda, el informe constata que el precio medio de la vivienda libre nueva se ha incrementado un 65% entre 2014 y 2024 y que el incremento de la población aumenta la demanda. De hecho, esperan que en la próxima década el número de residentes en la provincia se incrementará un 13%, hasta alcanzar los 3.069.138 habitantes.

Este incremento se producirá, principalmente, por la llegada de población extranjera, a un ritmo del 15% anual. Las previsiones apuntan a que en 2037 el 17% de la población de Valencia será de nacionalidad extranjera. Además, el lento crecimiento de la oferta hotelera está provocando un incremento de los precios de las habitaciones en hoteles, lo que «desvía de demanda turística hacia apartamentos turísticos y plataformas hospedaje colaborativo».

Por todo ello, en la provincia de Valencia serán necesarias 133.340 viviendas hasta 2030 para atender a la demanda del mercado inmobiliario. Señala el documento que la demanda de viviendas se podría incrementar hasta las 228.165 en 2030 y que con el ritmo de construcción actual solo se podrá responder aproximadamente al 30% de la demanda.

Ante este escenario, Cámara plantea cuatro grandes líneas de actuación como incrementar la disponibilidad de suelo urbanizable mediante la simplificación y agilización de los procesos de transformación de suelo, que actualmente pueden demorarse hasta 15 o 20 años, como se ha constatado en casos como el de Turianova.

También revisar y equilibrar el marco normativo, cuya creciente complejidad —aunque beneficiosa en términos de calidad y sostenibilidad— «está ralentizando los procesos constructivos y elevando los costes finales de la vivienda».

Reclama establecer una política tributaria que favorezca precios más asequibles, incluyendo medidas como la eliminación del IVA para la compra de la primera vivienda, especialmente en un contexto en el que el precio medio de una vivienda nueva se ha incrementado un 65% desde 2014.

Por último desarrollar un modelo metropolitano coordinado, denominado «Gran Valencia», que promueva un desarrollo urbanístico cohesionado con infraestructuras de transporte público eficientes, hubs intermodales y servicios de proximidad, facilitando así el acceso a la vivienda en municipios periféricos.