El TSJ suspende la obligación de la Diputación de Alicante de dar 13 millones al Fondo de Cooperación Municipal

Sin entrar en el fondo del asunto, que será objeto de sentencia en su momento, la sala entiende que procede la suspensión cautelar de los apartados 5º y 6º del acuerdo de 17 de junio de la Generalitat por el que se aprueba el Plan de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal, en lo relativo a la Diputación de Alicante, a fin de evitar perjuicios de difícil reparación a la demandante en caso de que finalmente se estimara su recurso, informa el Alto Tribunal valenciano.

El tribunal señala en los fundamentos jurídicos del auto, fechado el 1 de diciembre, que la aportación exigida a la Diputación alicantina «desaprovecha de manera irremediable la política de gastos ya prevista o diseñada para el ejercicio 2023 en favor de los municipios» de esta provincia.

Esos municipios -añaden los magistrados- se verán «perjudicados» como consecuencia de la citada exigencia «por no recibir ese cambio de destino de tales recursos, dañando las competencias y funciones genuinas de la Diputación de soporte a las necesidades financieras de los municipios de la provincia, en particular, para los de menores recursos económicos e impidiéndole el ejercicio de sus deberes de auxilio económico».

«No se puede aceptar que tales perjuicios admitan reparación por cuanto que dado lo avanzado de la elaboración del presupuesto del 2023, cuando nos encontramos a finales del ejercicio de 2022, teniendo en cuenta las exigencia del acuerdo impugnado de 17-6-2022, esa aportación habría de detraerse de los presupuestos del 2023 para atender las necesidades del Fondo, impidiendo, si no se adoptase la medida cautelar, que los Ayuntamientos reciban la financiación prevista y necesaria para sufragar los servicios de asistencia a sus ciudadanos», concluye la Sala.

Por todo ello, decreta la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido. La resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición ante la propia Sala, a interponerse en el plazo de cinco días desde su notificación.

«En la Diputación de Alicante teníamos claro desde el principio que la vía de la imposición del Consell atentaba claramente contra la Constitución y contra el Estatuto de Autonomía», ha explicado el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, quien ha destacado que el auto del TSJ avala las tesis que viene defendiendo desde el principio la institución provincial.

Además, ha señalado que la decisión es una «clara llamada de atención al Consell de Ximo Puig». «La suspensión cautelar supone un respaldo judicial a la autonomía de las diputaciones frente a los intentos de control del tripartito de la Generalitat», ha añadido Dolón, quien ha recordado que este no es el único revés judicial que ha tenido el Gobierno del tripartito en estos últimos años «fruto de una forma de hacer política partidista, que da la espalda al diálogo y a la búsqueda de acuerdos y que en muchos casos está alejada del interés general».

En ese sentido, Eduardo Dolón ha vuelto a poner de manifiesto que los sistemas de reparto de la Diputación de Alicante benefician más a los municipios de menor población, frente al Fondo de Cooperación del Consell.

«Las pequeñas poblaciones son una prioridad para la Diputación», ha defendido el diputado, quien ha recordado que la institución provincial ha destinado este año 36 millones de euros en el Plan Más Cerca para inversiones y gastos corrientes de los ayuntamientos y que hay comprometidos 40 millones para 2023.

«Frente a las imposiciones del tripartito de Ximo Puig, la Diputación de Alicante sigue tendiendo la mano al diálogo», ha apuntado Dolón, quien ha reclamado, en este sentido, al presidente de la Generalitat que «rectifique su forma de hacer política y apueste por el acuerdo».