Desde el sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics del País Valencià «rechazan la actual convocatoria del concurso general de traslados en la Comunitat Valenciana y exigen que se oferten las 10.000 vacantes existentes, al tiempo que se mantenga el requisito lingüístico», han señalado en un comunicado.
Como argumentación para estas reivindicaciones, se posicionan a favor del filtro del idioma en estos procesos de selección de personal en el sector público, sin excepciones, como venía haciéndose hasta el cambio en la Generalitat Valenciana.
La nueva ley autonómica «suprime el requisito lingüístico en la mayoría de las especialidades y cuerpos docentes de profesorado, lo que implica que el Consell que preside Carlos Mazón ha derribado la barrera necesaria que debe proteger y garantizar que nuestro sistema educativo se imparta por profesionales que son bilingües, que conocen, usan y dominan nuestra lengua propia y oficial, como exige el Estatuto de Autonomía», señalan. Y exigen que no se aplique esta normativa.
En el caso del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), también está en contra de «eliminar la capacitación en valenciano al profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y EOI [Escuelas Oficiales de Idiomas], aunque se diga que se regulará posteriormente el uso vehicular de las lenguas en estas enseñanzas».
En cuanto a CCOO, tradicionalmente defiende el requisito lingüístico, con el matiz de una progresividad, de forma que «la dificultad de las pruebas de cada proceso selectivo tiene que tener relación con la responsabilidad del puesto en la Administración» que va a desempeñar el funcionario, con carácter general, para todos los departamentos, no sólo para la Educación.
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