Ni retiro ni pensión: el agente en silla de ruedas que batalla por volver a trabajar de Guardia Civil

Durante estos tres años y medio, y realizando una rehabilitación diaria «de película», Jacobo «pelea por seguir siendo Guardia Civil», ya que se siente con toda la fuerza del mundo, la capacidad, la validez y la autosuficiencia para reincorporarse a su puesto de trabajo; eso sí, adaptado a su nueva situación. Algo de lo que existen precedentes en otras instituciones oficiales como el Ejército y la Policía Nacional, pero que la Benemérita se niega a hacer propio, rechazando hasta en tres tribunales médicos su alta y recomendando su incapacidad permanente y consiguiente pase a retiro.

Su inseparable mujer, Raquel, atiende a ABC para contarnos la angustiosa lucha que está librando su marido para retomar su «vocación y pasión». «Lo están discriminando, no sabemos si por un tema de imagen o de prejuicio por ir en una silla de ruedas», lamenta, al mismo tiempo que insiste que a su marido, con el que se casó el verano pasado, «aun le queda mucho por aportar a la Guardia Civil y a la sociedad».

El 2 de diciembre de 2020, este agente del instituto armado sufrió un aparatoso accidente que le provocó una lesión medular incompleta en la vértebra dorsal 12. «Le dijeron que era completa, que se había quedado parapléjico y que no podría volver a caminar, pero a base de rehabilitación ha conseguido obtener algo de fuerza y sensibilidad de cintura para abajo», concretando después que lo que padece es en realidad una paraparesia.

«Ha sido muy duro y ha demostrado mucha constancia y sacrificio, pero es gratificante ver todo lo que ha conseguido», se enorgullece su mujer, que no le ha dejado sólo ni un minuto y se podría aseverar, atendiendo a sus miradas, a que es la razón por la que hoy sigue vivo. «Es 100% autónomo e independiente», insiste Raquel, quien explica que incluso Jacobo se ha adaptado el coche para conducir.

Respecto al deseo que persigue, ambos lo tienen claro: está capacitado para seguir trabajando como Guardia Civil. «Quiere hacer valer sus derechos, no quiere vivir de ninguna pensión porque le costó mucho sacar la plaza y es algo vocacional para él», enfatiza su pareja quien recuerda que antes de ingresar en la Benemérita formó parte del Ejército de Tierra, donde fue destinado de 2011 a 2015 a la base de El Goloso de Madrid. Tanto es así que durante el año que estuvo ingresado en el hospital no dejó de estudiar y llegó a aprobar diferentes cursos especializados en delitos de odio, ciberterrorismo, ciberbulling y discriminación, entre otros.

Durante todo este largo proceso, se ha enfrentado a tres tribunales médicos, dos en Valencia y un último en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y, en todos ellos, han propuesto la incapacidad permanente y el pase a retiro. Se basa la Benemérita en que no puede desarrollar su trabajo en patrulla y enfatiza en el grado de discapacidad que le reconocieron -un 70%- para tomar esta decisión, que no comparte el matrimonio que cuenta con la ayuda jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Año y medio después del accidente, se sometió al primer examen del tribunal médico en Valencia, donde los facultativos se sorprendieron de su recuperación. No obstante, solicitaron el certificado con el grado de discapacidad, que no disponía en ese momento, y una vez entregado le dijeron que con el 70% no le podían devolver a su puesto e incluso le sugirieron que «se buscara una asociación para estar entretenido», según argumenta su mujer.

En verano de 2023 alegó al considerar que le estaban discriminando y fue derivado al tribunal médico del hospital madrileño Gómez Ulla, a principios de este año. Durante esta última visita, comenta Raquel que una neuróloga y una traumatóloga le valoraron arrojando resultados positivos, por lo que «le iban a proponer como apto con limitaciones», algo que no ocurrió y descubrieron tras ver el acta hace apenas un mes. En este documento, incluso le han aumentado el grado de discapacidad y vuelven a proponerle para retiro e incapacidad permanente.

En toda esta ardua batalla burocrática ha contado con la ayuda de la AUGC de Alicante, cuyos servicios jurídicos han vuelto a asesorar a Jacobo para que presentara alegaciones de las que está a la espera del dictamen del Ministerio de Defensa. Para ello, se apoyan en el caso de la soldado Isabel Fernández, del Ejército de Tierra, que realiza funciones administrativas en la academia de infantería de Toledo, o también en el de un policía nacional destinado en Córdoba en circunstancias similares.

Respecto a su situación económica, Jacobo se encuentra de baja laboral y percibe una cantidad inferior a su salario por parte de la Guardia Civil. De ese sueldo viven los dos y temen que si se lleve a cabo el retiro transcurran hasta seis meses sin cobrar en el proceso de que la Seguridad Social tenga que reconocer su incapacidad permanente.

«Sólo contempla volver a trabajar», subraya Raquel mientras mira a Jacobo, una pareja joven con toda la vida por delante, sin casa propia que vive de alquiler, con un proyecto de futuro incierto que depende de esta decisión. «Sus compañeros están muy orgullos de él y conocen todo lo que hace día a día para volver», recalca. Ambos se casaron el verano pasado en una preciosa boda en la que Jacobo portó el traje de gala de la Guardia Civil y recuerdan con cariño el momento en el que otros agentes le hicieron el pasillo de sables mientras avanzaba con un andador. «Es una injusticia y no vamos a dejar de luchar», concluye.