«Puto paralítico, tendrían que mataros»: piden cárcel al acusado de amenazar a un vendedor de la ONCE

Los hechos se remontan a los meses de abril y principios de mayo de 2022, en el puesto de la ONCE del Área de Servicio Complejo Restaurante Gasaqui, ubicado en la Autovía A-7, en el término valenciano de L'Ollería, donde trabajaba la víctima como distribuidor de cupones de la ONCE.

Inicialmente, en fecha no concretada, pero entre abril y mayo, el acusado -siempre según la misma calificación fiscal- cogió a la víctima dos cupones y le aseguró que se los pagaría después de tomarse un café. Cuando el hombre salió del restaurante, no abonó los cupones, con lo que el vendedor se los reclamó.

El acusado, lejos de abonarlos, «con ánimo de menosprecio», le contestó: «Vete a tomar por culo, puto paralítico». Posteriormente, el 29 de junio de 2022, sobre las 11 horas, en el interior de un restaurante, ambos intercambiaron algunas palabras. En un momento dado, el acusado, «en actitud intimidante y tono agresivo», se abalanzó sobre la víctima y le indicó: «puto paralítico, tú y todos los que son como tú tenía que mataros, a todos los paralíticos de la ONCE, mantenidos, paralítico de mierda que tenemos que pagar con los impuestos. Tranquilo que tú caes, voy a ir a por mi escopeta y te voy a matar», aseveró.

Posteriormente, el 2 de julio de 2022, en el exterior del mismo restaurante, ambos se volvieron a encontrar y el acusado continuó con el mismo ánimo de amedrentarlo y le llegó a hacer el gesto de simular disparar un arma. Ese mismo día, en el interior del local, le volvió a gritar: «Ahora que no están los picoletos te vas a enterar». También le dio un manotazo en la mano mientras la víctima sostenía su teléfono e intentaba grabar los hechos.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima, que contaba con 55 años en el momento de los hechos, el 26 de septiembre sufrió lesiones consistentes en crisis de ansiedad, episodio que se repitió días posteriores. Todo ello le generó una situación de desasosiego y temor que le llevó a denunciar los hechos en junio de 2022 y julio del mismo ejercicio.

Posteriormente, el juzgado dictó una medida cautelar por la que prohibía al acusado aproximarse a menos de 200 meros respecto a la víctima o ponerse en contacto con ella. La orden se mantiene.