¿Puede la ONCE negarse a pagar un premio si el que lo gana es un ludópata?

¿Puede la ONCE negarse a pagar un premio? La respuesta es sí y, además, varios son los supuestos a los que se puede acoger para no abonar la cantidad estipulada en las bases de sus respectivos sorteos. El último caso, desvelado por ABC, ha sido el de una familia valenciana que ha emprendido la vía judicial para tratar de conseguir el dinero que ganó con un cupón del Extra de Navidad del pasado 1 de enero. En total, 400.000 euros.

De acuerdo con el relato de los agraciados, el boleto -el 82890-, fue un regalo de una madre a su hija, camarera de profesión. El número fue vendido en un recién estrenado quiosco ubicado en el emblemático Mercado Central de Valencia, donde su propietaria vendió 75 cupones, premiados con 30 millones de euros a dividir entre tantas participaciones.

El marido fue a cobrar los 400.000 euros cuando se llevaron una ingrata sorpresa: les denegaron el premio después de que firmara un documento mediante el que declaraba ser el tenedor del cupón «sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde», según señalan los abogados de los afectados, especializados en la Ley del Juego y Apuestas del Azar. «Una vez suscrita la declaración y entregado en depósito el cupón o boleto no se permitirá la modificación de la identidad o del número de los perceptores ni su sustitución por otros, por lo que antes de proceder a la firma deberá verificar la exactitud de los datos», especifica el escrito.

¿Por qué se negó la ONCE a pagarle el dinero? Según aclaró la organización nacional a este periódico, el firmante se encontraba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), una herramienta de autoexclusión para personas que padecen ludopatía, la cual se les prohíbe participar en las actividades de juego, tanto de manera presencial como online.

De esta manera, los inscritos en el registro del Ministerio de Consumo se blindan para no volver a caer en el juego compulsivo de las apuestas y otras clases de actividades similares. No obstante, esta base de datos sólo impide el juego online, mientras que la reglamentación autonómica es la que puede restringir la entrada a establecimientos regulados. En el caso de la Comunidad Valenciana, se desglosan en casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y locales específicos de apuestas, de acuerdo con la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía.

Por este motivo, explican fuentes de la ONCE no se pudo proceder al abono del premio, ya que el sistema encargado de tramitarlo lo bloquea automáticamente al asociarse el jugador con su registro voluntario en el RGIAJ para personas que no desean ejercer su derecho al libre acceso a los juegos de azar. No obstante, se mostraron comprensivos con la decisión de la familia de emprender acciones legales ante la gran cuantía del premio, aunque insisten estar sujetos a una normativa estatal que les impide entregarlo como así desearían.

Al respecto, la familia agraciada aseguran haber presentado documentos que acreditan que la persona que adquirió el cupón fue la madre y no el padre, tal y como certifica la propia vendedora que se lo extendió a finales de 2022. «La ONCE no deja de operar como cualquier otra empresa de juego de azar, a pesar de otorgarle la Dirección General de Ordenación del Juego unos privilegios muy importantes por su personalidad jurídica de corporación de derecho público, sin embargo, podemos comprobar cómo la actuación final es idéntica a la de otras casas privadas de juego, que se intentan amparar en cualquier resquicio legal para no abonar los premios ganados», opinan sus letrados.

La pregunta que viene después es más que evidente: ¿Quién se queda entonces los 400.000 euros? A la espera de la instrucción judicial, el reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada 'Cupón de la ONCE', estipula en su artículo 37.5 que se suspenderá el abono de los premios correspondientes a perceptores inscritos en el RGIAJ, en cuyo caso, «en lo relativo a la verificación de su inclusión, se considerará tanto su estado en el momento de la verificación como el que tenía en el momento de la adquisición del cupón, salvo prueba en contrario admitida en derecho aportada por el perceptor».

El mismo punto de la normativa de la organización marca que, tras realizar las comprobaciones oportunas, se constata que concurre en esta circunstancia, no se pagará el premio y «se destinará a los fines sociales propios de la ONCE».

Según el mismo reglamento, no, aunque el RGIAJ sólo compete a juegos online y salones de apuestas en los que se debe mostrar algún documento de identificación para acceder, cosa que no ocurre en la adquisición de cupones en los quioscos de la ONCE.

Sin embargo, el mencionado ordenamiento aclara la prohibición de la compra de los productos y el cobro de los premios a las personas que «voluntariamente hubiesen solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme, lo que llevará asociada la imposibilidad del cobro de los premios».

Señala, además, a «las personas incapacitadas legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa civil, como aquellas que voluntariamente hubiesen solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme, deberán estar inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego que se contempla en el artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego».

Respecto a la lucha judicial para recuperar el dinero, los abogados de los agraciados recuerdan otros casos en los que el Tribunal Supremo ha obligado a la ONCE a abonar diferentes premios, en cuyo caso se trataba de cupones extraviados, deteriorados o rotos.

 «Queda más que acreditado que esta es la práctica habitual de la ONCE, y es que si pueden encontrar cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente no van a dudar un momento en denegar el pago del premio, algo que dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro», afirma el abogado Salvador Pérez Alonso.