El PP y Vox sellan su Gobierno en Valencia bajando los impuestos «al 99%» de la ciudad

La votación que ha dado luz verde a la reforma fiscal -una de las grandes promesas de la alcaldesa María José Catalá en campaña electoral- ha sido la primera de PP y Vox como socios de gobierno, después de que los cuatro ediles de los de Santiago Abascal se integraran el viernes en un ejecutivo hasta entonces en minoría, con trece concejales populares.

La modificación de las ordenanzas, que ya habían salido adelante antes del pacto en la Comisión de Hacienda con la mayoría del bloque de la derecha, ha contado con el rechazo de Compromís y PSPV. El ahorro para los ciudadanos se cifra entre los 60 y los 70 millones de euros, unos ingresos que dejarán de percibir las arcas públicas. Es, precisamente, el principal argumento de la oposición para votar en contra o abstenerse en los distintos puntos, al entender que afectará a servicios y proyectos municipales.

La concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha señalado que se trata de la reducción «más amplia» realizada en el Ayuntamiento -«por responsabilidad y coherencia»- y plasma el «compromiso» de los populares con la ciudadanía frente a «la subida de impuestos del mandato anterior, a pesar de haber sufrido una crisis tan dura y del encarecimiento de productos y servicios, energías, hipotecas…».

Por contra, el portavoz de Compromís y exalcalde, Joan Ribó, ha aseverado que la rebaja supondrá «poca cosa para la mayoría de la población» y ha recordado que Valencia «ocupa el cuarto lugar en fiscalidad de las siete ciudades más grandes del Estado, tras Murcia, Barcelona y Madrid. Y el puesto 22 de las 52 capitales de provincia, una posición media».

Según Ribó, «los verdaderos ganadores de esta modificación del IBI son los pluripropietarios y los propietarios de inmuebles de mayor valor catastral, mientras que para las franjas más bajas -el 63% del total, que paga menos de 350 euros-, el descuento se traduce en solo 43 euros, y en 38 para los pequeños comerciantes»

En la misma línea, la portavoz del PSPV y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, ha considerado que la reforma es una «estafa fiscal» que «beneficia a los que más tienen y perjudica a los que menos». Gómez ha lamentado que el PP no negociara con los socialistas antes que con Vox y «el precio» haya sido incluir a la «extrema derecha» en el gobierno. Al mismo tiempo, ha criticado que se haya excluido a familias monoparentales de la bonificación, o a familias que tienen una persona con dependencia.

Las nuevas ordenanzas de medidas fiscales contemplan una reducción del 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El tipo de gravamen general pasa del 0,723 al 0,578%. Más de 400.000 propietarios, según fuentes municipales, pagarán 70 euros menos de media en este recibo; 92 en el caso de 33.000 comerciantes. Además, se amplían las bonificaciones a las familias numerosas, al 60% para las de carácter general y al 90% a las de categoría especial.

El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -conocido como el impuesto de circulación- también se verá reducido en un 8,5%, dejando sin efecto la subida aprobada en 2020. Del mismo modo, se reduce en un 50% la tasa de alcantarillado y se flexibilizan los plazos de pago de todos los tributos.

Respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -el impuesto de plusvalía- contempla aplicar una bonificación del 95% -al mínimo- en el caso de heredar una vivienda o un negocio familiar en la ciudad y, como novedad, también en la transmisión de comercios en vida a cónyuges o hijos siempre que se mantengan la actividad, la propiedad y los empleados durante dos años. Durante la primera mitad de este año, 12.830 contribuyentes podrían haberse ahorrado este tributo.