PP y Vox avanzan en el cambio del nombre de Valencia basado en «fundamentos históricos y lingüísticos»

Este doble acuerdo, adoptado sin el respaldo de los grupos de la oposición, ha sido impulsado directamente por la Alcaldía en base al artículo 8 del Decreto 69/2017, que establece los criterios para la elección y uso de las denominaciones oficiales de los municipios, tanto en valenciano como en castellano. Así, el consistorio que lidera María José Catalá basa su decisión en «fundamentos históricos y lingüísticos» expuestos en un estudio técnico del lingüista y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà.

Ahora, el siguiente paso para la aprobación del cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe, con la grafía del acento cerrado en la forma en valenciano pasa por llevarla al Pleno, órgano que, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, tiene la competencia para iniciar el expediente de alteración del nombre del municipio con la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Posteriormente, la decisión plenaria se someterá a información pública por un plazo de 20 días hábiles, mediante un anuncio a través de medios electrónicos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, tal como exige el artículo 9 del Decreto 69/2017.

Asimismo, tal como ha aprobado la Comisión de Cultura, «una vez resueltas las alegaciones, en el supuesto de que haya, al finalizar el periodo de información pública, el Ayuntamiento procederá a la aprobación definitiva del cambio de denominación del municipio. Y en el caso de no haberse presentado ninguna reclamación en el trámite de información pública, no será necesaria la adopción de un nuevo acuerdo plenario de aprobación».

Por último, el consistorio remitirá el expediente al acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, al que, tal como recoge la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, corresponde determinar los nombres oficiales de los municipios, territorios, núcleos de población, accidentes geográficos, cauces de comunicación interurbanos y topónimos de la Comunidad Valenciana.

El concejal de Acción Cultura, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha recordado que el Ayuntamiento ha recibido, recientemente, el estudio técnico del lingüista y académico de la AVL Abelard Saragossà para el cambio de denominación de la ciudad; que avala la sustitución del nombre oficial del municipio. Valencia, por la versión bilingüe, con la grafía del acento cerrado en la forma en valenciano, «en coherencia con la pronunciación tradicional y mayoritaria de sus habitantes, así como con los criterios internacionales aplicables en esta materia».

«Con el acuerdo de este martes, el Gobierno municipal da un nuevo paso en la adaptación del topónimo a la realidad lingüística y social de la capital del Túria», ha afirmado el edil, quien ha aludido al estudio de Abelard Saragossà que defiende, entre otros argumentos, la pronunciación real del nombre del municipio y la evolución del mismo, sin influencia de castellanismos ni de otros fenómenos de asimilación externa».

«Este estudio también advierte de anomalías del anterior cambio de denominación como, por ejemplo, presentar como obvia una cuestión que no lo era: la grafía 'Valencia', y la falta de un estudio fonético exhaustivo de la (AVL) en el marco del anterior procedimiento administrativo», ha recordado Moreno, tras manifestar que «la falta de correspondencia entre la lengua oral y la lengua oficial escrita provoca inseguridad lingüística» y apelar «al consenso social y político, así como a la defensa transversal de la lengua propia de un pueblo y sus símbolos».

Por contra, la concejala socialista Nuria Llopis ha exigido al Ayuntamiento que «dé marcha atrás» a la intención de cambiar el acento del nombre de la ciudad de Valencia porque, «además de generar un debate que divide a los valencianos con la finalidad de desviar la atención de su nefasta gestión, infringe el procedimiento legalmente establecido».

Llopis ha hecho referencia, en este sentido, al dictamen que emitió la AVL para cambiar el nombre de la ciudad en 2017, durante el gobierno del Rialto. «No es suficiente el informe comprado con dinero público por PP y Vox para imponer su criterio que, además, contradice al dictamen del órgano estatutario que debe regular la toponimia de todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Han encargado un informe a un lingüista porque ya conocían previamente que el resultado iba a diferir del criterio de la AVL y creían que les permitiría justificar el cambio de nombre», ha acusado.