El PP y Vox acuerdan permitir hoteles a 200 metros de la costa valenciana pese a la catástrofe de la DANA

El pacto para sacar adelante esta medida, que se aprobará definitivamente con los votos de la derecha en el pleno de las Cortes Valencianas del próximo miércoles y jueves, fue confirmado este martes por los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, pero se cerró en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local el pasado 29 de octubre.

Justo mientras una DANA histórica ya empezaba a causar estragos en la provincia de Valencia y pocas horas antes de que una riada catastrófica causara más de doscientas muertes. No obstante, esta determinación viene de un poco más atrás. Concretamente, de principios del mes de julio.

El entonces Gobierno autonómico de PP y Vox incluyó la medida urbanística por sorpresa en un extenso decreto ley de simplificación administrativa con el que el Ejecutivo de Carlos Mazón buscaba reducir la burocracia.

Se hablaba en ese momento de establecer las zonas urbanizables a partir de 100 metros desde el mar, algo que se ajustaba y cumplía «estrictamente con la Ley de Costas» estatal, según defendieron desde la Generalitat. Para ello se modificaba el artículo 210 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de la Comunidad Valenciana.

Ambas formaciones convalidaron el documento en la Cámara autonómica cuando ya habían roto como socios de gobierno, por lo que entró en vigor, no sin polémica. Aunque fue su última votación conjunta con el PP, Vox su sumó a las críticas de la izquierda y exigió desde la tribuna que un texto de este calibre –187 páginas que eliminaban o modificaban 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes de distintas materias– se tramitara como proyecto de ley.

Reclamaban, además, que la distancia se ampliara hasta los 500 metros. Lo contrario, aseveraron los de Santiago Abascal, significaba «volver a los tiempos del urbanismo salvaje», pese a que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) –aprobado por el anterior Gobierno de Ximo Puig en 2018– sitúa ese límite entre los 500 y los mil.

Tras renegociar una enmienda transaccional meses después, y en medio de una crisis sin precedentes que obligará a repensar el urbanismo frente a catástrofes naturales en un contexto de cambio climático, el PP y Vox ratificarán la modificación de la LOTUP. También saldrán adelante el resto de cambios introducidos en el plan estrella de Mazón, en vigor desde julio.

Para el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, se trata del «último insulto para la sociedad valenciana en el momento en el que deberíamos replantearnos toda la ordenación del territorio después de lo ocurrido». Los socialistas y Compromís votarán en contra.

La enmienda de PP y Vox, consultada por ABC, establece que «en los suelos no urbanizables del litoral se permitirán usos terciarios o privados, vinculados a la acampada, la vida al aire libre o a los deportes y actividades náuticas compatibles con la finalidad del suelo».

«Los terciarios hoteleros no podrán emplazarse a distancia inferior a los 200 metros medidos desde la primera línea de tierra no bañada por el mar en proyección horizontal y habrán de ajustarse a las exigencias de la legislación sectorial en materia de costas y del litoral y a las determinaciones que resulten del planteamiento territorial y urbanístico».

Eso sí, a la norma anterior se aplicará una excepción «cuando debido a barreras naturales o artificiales, como vías de transporte, se rompa la interacción entre el mar y las actividades humanas». Es decir, el espacio que puedan ocupar las carreteras que se crucen por el camino a la hora de calcular esa trayectoria no se contabilizarán.

En cualquier caso, apunta el texto de la enmienda como elemento regulador, se controlará la densidad de la edificación, las construcciones no podrán añadir un «indeseado efecto de verticalidad que irrumpa en el paisaje» y deberán contar con integración paisajística.

En paralelo y antes de que la emergencia por la DANA se convirtiera en la prioridad del Consell, el Gobierno de Carlos Mazón preparaba su propia ley de costas valenciana, con la intención de «complementar» a la estatal.

El anteproyecto presentado a principios de octubre no incluía referencias a las distancias para levantar establecimientos hoteleros, sí directrices para la ordenación del litoral, la regulación específica de playas y un sistema que las catalogará según su grado de urbanización.

Con la futura norma, la Generalitat quiere ser la que autorice o deniegue concesiones y autorizaciones residenciales o de temporada, como los chiringuitos.