El alcalde y candidato a la reelección en la capital alicantina, Luis Barcala, fue el primero el pasado 3 de mayo en prometer este servicio nuevo, que incluirá asesoramiento jurídico para los afectados que sufran la okupación de su vivienda.
Asimismo, se comprometió a que los agentes de la Policía Local adscritos a esta unidad especial desalojarán a los intrusos antes de 48 horas.
Un planteamiento similar al de María José Catalá, la cabeza de lista del PP en las elecciones del 28M para la Alcaldía de Valencia, quien igualmente puso el acento en dar cobertura legal a los propietarios cuando se enfrenten a una situación de estas características y puedan recuperar su vivienda invadida por desconocidos.
Ahora también Begoña Carrasco -que se presenta por segunda vez como candidata en las municipal en la ciudad de Castellón- ha incluido en su programa electoral una oficina antiokupación con apoyo policial para erradicar estos allanamientos de morada y usurpaciones.
De esta forma, el PP sitúa este problema social, que suscita preocupación creciente en algunos grupos de población, en el eje de su política municipal en las tres capitales de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que puedan asumirla también en otras ciudades.
Contrasta esta agenda de prioridades con exhibida por Podemos, después de que Belarra haya puesto el acento en un acto de campaña en Alicante en que su partido ve el problema en las compañías privadas que ofrecen servicio para resolver estos conflictos. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha advertido de que no tolerarán que se haga «negocio» con la «vulnerabilidad» de algunas personas, en referencia a ciertos casos de desahucios por impagos.
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