El PP denuncia ante la Junta Electoral la declaración del Gobierno de Ximo Puig contra la violencia machista

La formación que lidera Carlos Mazón pide que se abra un expediente sancionador contra la vicepresidenta autonómica saliente, Aitana Mas, por utilizar «el altavoz de la portavocía» para verter «mensajes de marcado carácter electoralista» y arremeter contra ellos vulnerando la ley, a su juicio, en plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio.

Se refieren así a las declaraciones de Mas durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, la reunión semanal que celebran los integrantes del Ejecutivo autonómico -PSPV, Compromís y Unides Podem- que lidera Ximo Puig, en la que se suscribió esa declaración.

Un documento, que junto a los mensajes publicados en la cuenta oficial de Twitter de la Generalitat, «no tiene más objetivo que menoscabar la imagen del Partido Popular y vincularla a la lacra de la violencia de género que desde nuestra formación política siempre se ha condenado y combatido». Al respecto, el escrito recalca la doctrina del Tribunal Supremo acerca de las competencias de un Gobierno en funciones, que se reducen a la gestión ordinaria de los asuntos públicos.

En ese sentido, este jueves el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha pedido a Ximo Puig que deje de hacer servir su posición institucional para «contaminar» el proceso electoral. Por su parte, el presidente autonómico en funciones ha señalado que su Gobierno «lo único que hizo es volver a reafirmar el pacto contra la violencia de género» y ha apelado al «sentido común» de los populares, a quienes les ha pedido que rectifiquen su pacto con Vox. En la misma línea, Aitana Mas ha aseverado que no se «amedrentará» en la lucha por «los derechos de todas las personas».

En su comparecencia ante los medios del pasado viernes, la vicepresidenta autonómica advirtió de que el PP ha «comprado el marco de la ultraderecha» y ha querido «tapar» la realidad de las víctimas con el ideario de Vox para «tener una silla en la Presidencia de la Generalitat».

Pocos minutos después, las palabras del número dos de la lista autonómica de Vox por Valencia y hasta ahora portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, José María Llanos, negando la violencia de género, provocaban un alud de reacciones de cargos del PP. Entre ellas, la de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

La declaración institucional del Consell califica de «inadmisible» el negacionismo de una lacra que «asesina, maltrata y subordina a miles de mujeres cada día» por el hecho de serlo, pues a su juicio el pacto en el bloque de la derecha «silencia» los 149 feminicidios contabilizados en la región en dos décadas y las más de 7.000 denuncias en los juzgados valencianos durante el primer trimestre del año.

Pese a estar en funciones tras los comicios del 28 de mayo, el tripartito considera que «hay cuestiones que no se pueden rehuir por la dignidad de esta institución y del autogobierno valenciano», como la protección de las víctimas, y apela a mantener los consensos políticos alcanzados en esta materia: «Ese es el marco que hay que proteger y renovar. Esa debe ser la primera alianza política y social. Sin relativizar al machismo. Sin banalizarlo. Sin integrar sus ideas en las instituciones».