Vox sitúa la violencia «intrafamiliar» en el centro del debate político en Valencia

Así lo han detallado en un documento con cincuenta medidas, hecho público este jueves, que fusiona las tesis de ambos partidos en distintos ámbitos -se utiliza el concepto «violencia intrafamiliar» de Vox- y servirá como hoja de ruta del futuro Consell para la próxima legislatura. Un Ejecutivo que contará con un total de diez departamentos.

De esta forma, los populares se reservan competencias clave y con mayor peso presupuestario como Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Hacienda u otras que hasta ahora estaban dentro de áreas que recaerán en manos de sus socios, como Patrimonio, Administración Pública o la gestión del agua. Mientras, el reparto sirve a Vox para desarrollar las políticas que han centrado su discurso electoral, en materia de seguridad -dirigirán la Policía autonómica- o agricultura, pesca y ganadería.

Quién ocupará esas carteras y la portavocía del Gobierno regional es todavía una incógnita. Fuentes de la negociación señalan a ABC que la elección del vicepresidente ha sido un punto clave en las conversaciones que se han estado desarrollando en las últimas horas, ante el veto de Génova a Carlos Flores, llamado a ocupar ese puesto tras encabezar la candidatura de Vox en las elecciones del 28 de mayo.

El perfil de Vicente Barrera –empresario y torero retirado de los ruedos en 2011– es menos político y, a priori, menos comprometido para Mazón que el de Flores, condenado por violencia psíquica hacia su exmujer. En el pasado, Barrera fue afiliado al Partido Popular y más tarde brindó su apoyo a la extinta UPyD.

En 2018 se convirtió en coordinador regional de Vox y en los comicios del 28M concurrió como número siete en la lista al Ayuntamiento de Valencia, pero no obtuvo acta de concejal. Su presencia en la reunión celebrada el pasado martes, dentro la ronda de contactos de Mazón con los grupos parlamentarios y tras la que se anunció el pacto, o en encuentros posteriores del equipo negociador, puso el foco sobre cuál sería su papel.

En el comunicado conjunto, los dos partidos «suscriben la necesidad de asegurar un gobierno de cambio en la Comunitat Valenciana y reconocen la generosidad mutua de los dos actores en el proceso de negociación».

En ese sentido, señalan como objetivo prioritario, dotar a la región de un Ejecutivo «estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias».

Del mismo modo, se comprometen a apoyar a Carlos Mazón en la primera votación del pleno de investidura, para la que se necesita la mayoría absoluta de cincuenta diputados. Será suficiente con los 40 escaños del PP y los 13 de Vox. Al respecto, este último grupo parlamentario no podrá presentar un «candidato alternativo». Una sesión que todavía no tiene fecha, aunque todo apunta a que se celebrará antes de las elecciones generales del 23 de julio.

El siguiente paso en el calendario será la constitución de las Cortes Valencianas el próximo 26 de junio, cuando se formará la Mesa de la Cámara, que presidirá Vox. La Vicepresidencia primera y la Secretaría primera de este órgano rector serán para los populares, mientras el PSPV asumirá el segundo escalón en ambos cargos, en base a su peso parlamentario, ante la negativa de los socialistas de ceder un puesto a Compromís.

Entre el medio centenar de medidas acordadas por PP y Vox en tiempo récord, la gran mayoría ya conocidas, destacan la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica y del trasvase Tajo-Segura, el aumento del presupuesto de Sanidad al 30% del total o la reforma fiscal con la eliminación del impuesto de sucesiones o la tasa turística.

La mayoría del bloque de la derecha en el Parlamento valenciano derogará «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos» y suprimirá «los organismos innecesarios que no reportan en el bien general». Sobre À Punt, la coalición de Gobierno abre la puerta a una reducción presupuestaria: apostará por «un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales».

En materia educativa, «los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares», lo que se traduce en una suerte de pin parental. Además, se reforzará la inspección para «preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas».

El documento apunta, asimismo, a la promoción de políticas «que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas». También se refiere a la creación de una oficina especializada en la okupación ilegal. Ni rastro de la lucha contra el cambio climático.

Del mismo modo, la Generalitat «pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas» y eliminara las subvenciones «a entidades que amparen estas prácticas».