Piden cárcel en el juicio por los 43 enchufes del PSOE de Benidorm con ocho concejales, técnicos y sindicalistas acusados

Los dos últimos cambios en el proceso judicial solamente han sido la inclusión de una de las presuntas implicadas que se había omitido por error por parte de la Fiscalía y la modificación del horario en el primer día del juicio.

Precisamente en el escrito de acusación del Ministerio Público, se insta a «acreditar la solvencia económica de los acusados, a efectos de determinar correctamente la cuota diaria de la multa» que se les pueda aplicar, en caso de condena, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC.

El litigio se inició hace más de una década a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) que luego hizo suya la Fiscalía, y a los implicados se les ha investigado como presuntos autores de tres delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

En concreto, se pone el foco principalmente en contrataciones en contra de las exigencias del Gobierno central de no incrementar el gasto público en aquella coyuntura de crisis, asignación de pluses salariales no justificados y otras posibles irregularidades que beneficiaron a personas afines al PSOE, en algunos casos familiares directos.

Se enjuiciará, entre los políticos, a Carmen Navarro Orts, jefa de Recursos Humanos cesada del cargo en 2011 aunque continuó adscrita a esa misma concejalía; Juan Ramón Martínez, concejal delegado de Recursos Humanos desde septiembre de 2009 hasta julio de 2011; Daniel Caneiro, coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal en esas mismas fechas, que también pasó a desempeñar las funciones de jefe de Recursos Humanos a partir de julio de 2011; y a Natalia Guijarro, concejal delegada de Hacienda en idéntico periodo, y que igualmente desde julio de ese año pasó a ejercer también como concejal delegada de Recursos Humanos.

Y del cuerpo técnico, Julio Fernández Lleras, jefe del Departamento de Nóminas; María Dolores Cantó, técnica de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos; María Matilde Martínez Pérez, jefa de Negociado de Personal; y José Asensio Salamero, jefe de Contratación y Seguridad Social.

«Los acusados, siendo conscientes de lo ilícito de su proceder, en el periodo comprendido entre finales del año 2009 y hasta 2012, llevaron a cabo una irregular política presupuestaria y de personal, y ello a pesar de tener conocimiento de quebranto de la legalidad», sostiene la Fiscalía.

Esta conducta «supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debía ser satisfecha con cargo a las arcas municipales», señala también, además de apuntar que «violentando la legislación aplicable, propiciaron que ciertos complementos retributivos fueran aumentando».