Llega el juicio del caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm, quince años después con siete sesiones en noviembre y diciembre

La Audiencia Provincial de Alicante ha notificado a las partes este calendario del juicio oral, en una causa en la que se dilucidará si los implicados cometieron delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Se sentarán en el banquillo los entonces concejales socialistas de Personal y Recursos Humanos y Hacienda, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, respectivamente; también, dos sindicalistas, el que era secretario general de UGT en Benidorm y coordinador de Personal y Recursos Humanos, Daniel Caneiro; y la número uno de CCOO y jefa de negociado de Personal, María Matilde Martínez Pérez; así como técnicos del área como la jefa de Personal (Carmen Navarro Orts), jefe de Nómina (Julio Fernández Lleras), una técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos (María Dolores Cantó Cerdá); y el jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y concejal del PSOE en otro municipio (Relleu), José Asensio Salamero.

Entre los citados a declarar como testigos, se encontrarán también Encarna Llinares, que en aquel momento era subdelegada del Gobierno, a quien el sindicato que denunció los presuntos enchufes (SPPLB) había alertado de las irregularidades y había entregado la documentación en mano. Se trataba de las pruebas de que el Ayuntamiento benidormense -gobernado por los socialistas con el alcalde Agustín Navarro, fallecido en 2021- había incumplido con la Ley de Presupuestos del Estados con contrataciones y aumentos retributivos cuando existía la obligación de contener el gasto público, tal como advirtió la Intervención Municipal.

También se va a convocar para testificar a Cristina Escoda, actual portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE en la Corporación local, ya que su marido fue uno de los presuntamente beneficiados por aquellas gestiones de empleo en plena época de austeridad ordenada desde la Administración central.

El perjuicio económico causado se ha estimado en 4,5 millones de euros y está bajo lupa si los encausados beneficiaron a personas «con relación familiar o política con el equipo de gobierno» local, tal como señala la Fiscalía. Uno de los favorecidos -el dirigente de UGT- percibía un sueldo superior al del alcalde, tal como salió a relucir durante la investigación.

La prolongación de la causa hasta llegar a juicio se ha debido, entre otras causas, a algunos intentos de varios acusados de evitar que se les sentara en el banquillo, tentativas que no han prosperado en el juzgado de Benidorm encargado del caso.