Los órganos estatutarios valencianos caducados no se renovarán hasta la próxima legislatura

Una semana después de abrir el plazo para presentar candidaturas, con la vista puesta en ratificarlas en el último pleno de la legislatura -previsto para la semana que viene-, los grupos parlamentarios no han sido capaces de llegar a un consenso para evitar que esa situación de provisionalidad se alargue, al menos, hasta que se configure el nuevo Parlamento que surja de las elecciones del 28 de mayo.

Encima de la mesa estaba la renovación del Consell Valencià de Cultura, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Transparencia y el Consell Valencià d'Universitats y de la Formació Superior.

En principio, los 52 votos del tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- y los 13 de un Ciudadanos abierto a zanjar esta cuestión habrían sido suficientes para alcanzar la mayoría de 60 que se exige en algunas de esas instituciones. Para otras, como el Consell Valencià de Cultura, se necesitan 66. Pero la formación naranja -que vive sus peores horas ante un anunciado descalabro electoral- no ha sido capaz de garantizar que todos sus diputados -o al menos ocho- dieran el sí.

El PP, que por representación parlamentaria tendría que haber sido el interlocutor principal de las negociaciones, no ha querido presentar candidatos. Los grupos que sustentan el Gobierno que lidera Ximo Puig tenían ya a los suyos elegidos, pero han retirado sus propuestas y, por tanto, no habrá votación en el hemiciclo. Si todo sigue según lo previsto, solo se ratificará el nombramiento del nuevo presidente del Consell Rector de À Punt, Miguel Francés.

Tras la reunión convocada de urgencia por Ciudadanos con las portavoces de todos los grupos parlamentarios menos Vox, tanto la izquierda como la formación naranja han coincidido en señalar a los populares como los culpables de la falta de entendimiento.

Según la síndica de Ciudadanos, Mamen Peris, el consenso se ha «frustrado» porque «otros están pensado en el rédito político y en el interés electoralista». Peris ha señalado que su partido ha abogado por «acuerdos amplios, como siempre se ha hecho» y ha lamentado que algunos quieran «dinamitarlos».

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha ido más allá y ha expresado su decepción con el PP, al permitir que «una persona condenada continúe en el Consell de Transparencia», en referencia al candidato que propusieron los populares para este órgano en el anterior mandato, el ahora aspirante de Vox a la Generalitat, Carlos Flores, que fue condenado por violencia psíquica hacia su mujer en 2002.

En la misma línea, la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefania Blanes, también ha acusado al PP de no tener «voluntad de consenso», y de tener la cabeza ya en un posible pacto con la formación de Santiago Abascal tras los comicios.

Preguntado por este asunto, el líder del PP, Carlos Mazón, ha aseverado que la intención de su formación es despolitizar estos órganos y, por ello, no respaldarán a candidatos «con el carné del partido en la boca» y «a última hora».

«Queremos gente profesional, independiente, en esa línea estamos dispuestos a llegar a todos los acuerdos habidos y por haber. Pero no se puede llamar acuerdo a lo que es un trágala politizando los órganos. Eso no nos parece limpio ni ético, con un tiempo de la legislatura que ya está agotado», ha indicado.

A estas declaraciones ha respondido el presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que ha comparado el bloqueo con lo ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Puig ha advertido de que «si finalmente el Partido Popular boicotea la renovación democrática de todas las instituciones estatutarias, es evidente que no habrá renovación hasta que cambie la dirección del PP». Un claro órdago a los populares, que podrían necesitar a los socialistas para renovar estos organismos aunque ganen las elecciones y lleguen al Consell.