Según la Plataforma per la Llengua, la denominación en valenciano «cuenta con todos los informes científicos e históricos a favor», mientras que en castellano «está de espaldas a los expertos», aunque no explica las razones.
Argumentan también que «la legislación autonómica determinó que debían evitarse las formas bilingües y que los nombres de los municipios debían reflejar sus tradiciones históricas y lingüísticas», a pesar de que hay numerosos casos de municipios donde se emplean indistintamente ambas, tal como se aprecia en la señalización de tráfico.
No obstante, esgrimen desde la ONG del catalán que suprimir el topónimo en castellano «respeta el Estatuto de autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano (LUEV), y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM)» e incluso «contraviene el principio de buena administración que establece el artículo 103 de la Constitución española.
En cambio, frente a este monolingüismo que reclaman por la vía judicial, «denuncian que el cambio impulsado por PP y Vox es caprichoso y arbitrario, ya que se produce sólo cinco años después de la aprobación del nombre únicamente en valenciano».
No obstante, aluden a que un informe de la Acadèmia Valenciana de la Lllengua (AVL) sobre el topónimo «Castelló» emitido el 19 de desembre de 2019 señalaba que forma parte de 27 denominaciones en total de municipios en la zona de predominio del valenciano que sólo se mantenía en la forma castellana. De esta manera, ahora esta entidad reclama también una única forma, eso sí, en valenciano, es decir, sustituir un idioma por el otro, nunca los dos.
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