La nueva ley valenciana de suelo desbloqueará planes urbanísticos para tener vivienda asequible

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anticipado algunas de estas novedades legislativas de una iniciativa que «nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística».

Durante su participación en la jornada 'Inmobilia: vivienda, ciudad y futuro', organizada por Economía Digital y la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, ha resumido que la Generalitat «cierra una etapa de incertidumbre y abre otra de claridad, planificación y acción, apostando por ordenar antes de urbanizar, proteger sin bloquear y agilizar sin perder garantías, con el fin de poner el territorio al servicio de la ciudadanía».

Aparte de estas explicaciones ante los empresarios, el contexto al que se llega con esta nueva ley parte de antecedentes como el anuncio en 2021 (por el anterior Ejecutivo autonómico) de la revisión de 300.000 viviendas bajo la amenaza del derribo.

Por contra, la política emprendida ahora parte de «un marco normativo obsoleto, resultado de años de reformas parciales que han derivado en procedimientos lentos, conceptos confusos y trámites interminables», con la voluntad de poner fin a la «carrera de obstáculos» que supone aprobar un plan urbanístico, con garantías de seguridad jurídica y facilitando la labor tanto de los municipios como de los sectores implicados, según el conseller.

En el borrador, se contempla que los Planes de Acción Territorial coordinen infraestructuras, vivienda, industria, transporte y medio ambiente. Además, el nuevo Plan General se plantea como un instrumento «más ágil y útil, con un enfoque estratégico» que simplifica su aprobación y revisión, mientras que el Plan Urbanístico Simplificado permitirá facilitar la gestión en municipios pequeños o en riesgo de despoblación.

La norma también aporta claridad al uso del suelo no urbanizable, al establecer que en el común se permitirá lo que no esté prohibido y en el protegido solo lo expresamente autorizado. Asimismo, regula la situación de miles de edificaciones preexistentes mediante órdenes individualizadas de minimización que, sin legalizarlas, garantizan condiciones de seguridad, salubridad y sostenibilidad.

En materia de gestión urbanística, se introducen fórmulas más flexibles que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal o por propietarios, y se refuerzan tanto la participación pública como el retorno social. Respecto a las licencias, la declaración responsable se convierte en el título ordinario, lo que permitirá reducir plazos y simplificar procedimientos sin renunciar al control posterior.

«La disciplina urbanística se fortalecerá mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y una respuesta más eficaz frente a la ilegalidad. Con ello, se podrán desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión, rehabilitar barrios degradados y proteger el paisaje de forma uniforme«, ha expuesto Martínez Mus.

Tras su aprobación inicial por el Consell, el anteproyecto inicia ahora su fase de información pública, audiencia a administraciones y entidades afectadas, incorporación de alegaciones y posterior remisión a Les Corts Valencaines para su tramitación parlamentaria. En este sentido, el conseller ha invitado a todos los presentes en este encuentro y a los sectores implicados a aportar sus propuestas de cara a contar con la mejor normativa posible.