Una nueva denuncia de una menor tutelada por abusos sexuales sacude a la Generalitat Valenciana

Tras la exploración médica, en la que se encontraron lesiones compatibles con una agresión sexual, los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial -atendiendo a lo que indica el protocolo ante cualquier tipo de sospecha-, tal y como confirman a ABC desde Delegación del Gobierno. Mientras, la Policía Nacional sigue investigando lo ocurrido.

Sobre este asunto ha sido cuestionada este viernes la titular del departamento autonómico y portavoz del Consell, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano. Mas ha evitado dar datos sobre la situación en la que se encuentra el monitor denunciado -al que se le ha abierto un expediente- y se ha centrado en garantizar que la víctima está bajo protección y «fuera de riesgo».

En ese sentido, ha asegurado que desconoce «si este hombre está o no de vacaciones» porque se ha preocupado de preguntar por «lo más importe»: «el bienestar de la menor». La consellera se ha limitado a señalar que Igualdad está «colaborando en todo lo que marcan los protocolos de actuación y lo que piden los investigadores». Una instrucciones que, ha reconocido, no conoce todavía al detalle por el poco tiempo que lleva al frente de un área tan compleja.

Precisamente este viernes, el PP ha dado a conocer que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha incluido en el orden del día de su sesión del 8 de septiembre un punto sobre las «circunstancias» de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana que han sufrido presuntos abusos sexuales.

Un asunto que los populares llevaron a Bruselas a raíz de la sentencia que condenó a cinco años de prisión -a la espera del recurso en el Supremo- a un educador -exmarido de Mónica Oltra- por agredir a una niña de 14 años bajo protección en varias ocasiones entre 2016 y 2017.

Ese caso todavía tiene una derivada en los tribunales: la que llevó a dimitir a la hasta finales de junio consellera de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno de Ximo Puig. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia imputó a trece funcionarios del departamento por la gestión que hicieron de esos hechos, ante los indicios de que intentaron ocultarlos. El TSJ hizo lo propio con Oltra, pero devolvió el asunto al magistrado instructor tras perder su condición de aforada al renunciar al acta de diputada.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, ha lamentado que el tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- haya rechazado «hasta en tres ocasiones» investigar la gestión de los centros de menores en las Cortes Valencianas. Algo que, a instancias de los populares, escalará a nivel europeo, a la espera de que el Comité decida si sigue adelante con la petición liderada por Bastidas.

«El máximo responsable de la gestión y de la política de menores es Puig, ahora ya no tiene el parapeto de Oltra. Tiene que tomar las riendas del asunto y llegar hasta las últimas consecuencias. No se puede seguir dando la espalda a una situación tan dramática y grave», ha subrayado la diputada autonómica del PP.