Mónica Oltra se opone a prorrogar medio año más la causa por la gestión de los abusos a una menor

En un escrito de alegaciones remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, cuyo titular propuso a las partes alargar el procedimiento para completar las diligencias pendientes u otras que puedan derivarse de las mismas, la defensa de Oltra alega que el periodo de doce meses que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha caducado. Por tanto, consideran «improcedente» extenderlo.

La instrucción se inició en mayo de 2021, aunque dictó su sobreseimiento provisional en septiembre, a la espera de que se resolviera el recurso ante el Tribunal Supremo del agresor condenado a cinco años de prisión. Pero en enero se reabrió por orden de la Audiencia de Valencia, que entendió que ambas causas podían tramitarse en paralelo.

Los abogados de la dirigente de Compromís entienden que «el plazo máximo de instrucción de la causa habría finalizado el 27 de mayo de 2022, por lo que no procedería acordar ningún periodo de prórroga más», pues los meses en los que el proceso estuvo paralizado no figurarían, según la ley, en ese cómputo.

Pero el principal argumento que esgrime la representación de la exconsellera tiene un marcado acento político, atendiendo a lo difícil que sería para Oltra concurrir a las elecciones si el caso se solapa con la precampaña de las autonómicas de mayo de 2023.

«Con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras de que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines», apunta el documento.

«Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia querellante, Cristina Seguí, partícipe en la causa como acusación popular a través de la asociación GobiernaTe, en uno de sus tweets: 'El magistrado que dirige la investigación de Mónica Oltra y su manada ha propuesto prolongar la instrucción por un periodo mínimo de 6 meses. Orgullosa de haber puesto fin a sus aspiraciones políticas apartando a esta gente peligrosa de la vida pública. Demostrado: sí se puede'», reproduce en el escrito.

Precisamente, en un auto fechado el 19 de octubre, el instructor Vicente Ríos se oponía a unificar en una sola la acción popular -que también ejerce Vox- en una causa que partió de la denuncia por desprotección de la víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto. La joven declarará como testigo ante el juez en una comparecencia sin todavía fecha establecida.

Respecto a la necesidad de nuevas diligencias, los letrados de la exportavoz del Consell creen que el periodo para las mismas «no puede ser ilimitado o abierto, hasta el punto de adentrarnos en una causa prospectiva que puede terminar en una causa general contra una determinada persona, donde la finalidad no es en sí lo que se investigue, que no llevaría a ningún lado, sino el propio aspecto temporal del proceso».

«Después de más de un año de instrucción se nos escapa qué diligencias no se han practicado y que puede dar de más el relato fabulado que ha sustentado las querellas presentadas contra todos los investigados, extremos que justifican nuestra petición de no interesar ninguna prórroga más, y todo ello sin perjuicio que pudiera practicarse las diligencias acordadas con anterioridad al cierre de la misma», zanjan los letrados.

Según ha podido saber ABC, la defensa de otra de las imputadas, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, también se ha opuesto a esta prórroga.