Revolución legislativa del PP y Vox: de la educación a la televisión valenciana hasta la memoria histórica

El Gobierno autonómico aprobará en los próximos meses la Ley de Libertad Educativa que, conforme ha avanzado ABC, recupera las líneas en castellano y valenciano y permitirán a las familias elegir en qué lengua estudian sus hijos.

El PP y Vox derogarán la ley de Memoria Democrática para aprobar la de la Concordia, que establece el reconocimiento de todos los actos violentos «desde 1931». Los partidos que han llevado el cambio legal a las Cortes Valenciana defienden que «somos los primeros de todo el territorio nacional que tenemos una ley de concordia, frente a la falsa memoria democrática que enfrentaba a las dos partes. Además, quitamos los términos 'gerracivilistas' y hablamos de concordia. Se mantendrá la reparación de las víctimas, de todas: las de un lado y las de otro. No vamos a hacer como los bárbaros que destruían todo lo anterior. Nos felicitamos porque en la Comunidad Valenciana impera el sentido común. Queremos gobernar para todos».

Según la ley, la tramitación de los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos cuando entre en vigor decaerán de manera automática, a excepción de las exhumaciones.

En la proposición se habla de «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad», casi cien años en los que el estado «ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico».

Durante las siete páginas del texto se establece la creación de una «unidad valenciana de concordia» y de un «catálogo de vestigios», junto a la potestad de dar instrumentos legales a la Generalitat para actuar ante los «casos sin resolver» de localización de víctimas. La Administración valenciana también impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.

Además, se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a «las víctimas de la Segunda República y del terrorismo» que a las víctimas a las que hace referencia la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.

Los partidos que sustentan al Gobierno de la Generalitat también aprobará una la nueva ley de À Punt con el objetivo de reformar la radiotelevisión pública valenciana unificando sus dos entes en uno, con la intención de hacerla «más ágil y profesional» y de adaptarla al resto de televisiones autonómicas. El proyecto de ley, que modifica la norma aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Ximo Puig, prevé la creación de un consejo de administración «de ocho miembros que tendrán un mandato de cinco años». Siete de ellos serán elegidos por las Cortes Valencianas por mayoría de dos tercios –60 diputados– en primera votación, o por mayoría absoluta –50 votos– en segunda, «de entre personas de relevantes méritos profesionales, y teniendo en cuenta criterios de pluralismo y representatividad política». El octavo componente de ese consejo lo elegirá la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Entre las funciones de ese consejo de administración estará la elección del director general de la radiotelevisión pública.

La nueva norma prevé refundir en un único órgano la actual bicefalia formada por la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en una única empresa pública Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A.(CACVSA), «para ganar en eficacia y capacidad de actuación».

El PP y Vox también modificarán las leyes de Transparencia, la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos y la de la Agencia Antifraude.

El PSPV-PSOE ha señalado que «la contrarreforma del PP-VOX es un impulso a los retrocesos» y ha lamentado que «se mueven por el sectarismo, la diferencia entre iguales y la censura».