Marta Calvo, la muerte sin cuerpo que destapó las prácticas letales de un presunto depredador sexual

Tres semanas antes, el 7 de noviembre, la joven Marta Calvo, de 25 años y natural de la localidad valenciana de Estivella, había desaparecido sin dejar rastro tras pasar la noche con él en una casa alquilada en el municipio de Manuel. Jorge Ignacio no puso fin al desasosiego de una familia que buscaba sin descanso a la chica: confesó que, tras observar que había muerto, la descuartizó y esparció sus restos en contenedores de la zona. No dejó rastro, ni huellas, ni siquiera restos de productos de limpieza, algo que los especialistas consideran imposible. Tampoco se encontró nada en los extensos registros en los vertederos.

La chica había estado en esa vivienda, de eso no había duda. Quizás seguía allí cuando la madre de Marta, Marisol Burón, llamó a la puerta del domicilio -guiada por la ubicación que le había mandado su hija la noche anterior- y habló con el acusado, que le negó conocer a la joven. La insistencia de Burón, como ha quedado constatado en el juicio, ha sido crucial en este caso. Marisol ha sido la voz de todas las víctimas del mismo hombre: las vivas y las muertas. A la espera de justicia y tres años después, sigue sin saber dónde está Marta.

El testimonio de las siete supervivientes, pues la octava decidió retirar la acusación, también ha sido clave en todo este proceso. Al ver el rostro de Jorge Ignacio en los medios, todas -mujeres prostituidas- revivieron el horror que sufrieron entre el verano de 2018 y el otoño de 2019 con un mismo modus operandi: el procesado contactaba por Whatsapp con chicas que anunciaban sus servicios sexuales en webs para realizar «fiestas blancas» utilizando una «cantidad importante de cocaína».

De hecho, tenía que sostenerla «con las dos manos» y se mostraba «muy tozudo» con aquellas que preferían no consumir. La mayoría de los relatos coinciden en la realización de masajes en los que introducía piedras de cocaína de alta pureza -probablemente adulterada, según los forenses- en los genitales sin su consentimiento y provocaba estados de somnolencia e incluso la pérdida de conciencia. Así murieron Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. El cadáver de esta última presentaba una dosis de cocaína en sangre –9,31 miligramos por litro– muy por encima de lo que se considera letal –entre 0,25 y 5–.

La Fiscalía solicita 130 años de cárcel para el acusado, mientras las acusaciones piden que se le aplique la prisión permanente revisable. Lo consideran un depredador sexual sin escrúpulos. La portavoz del Ministerio Público, incluso, se mostró convencida de que hay más víctimas.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución. Él lo niega todo: ni mató, ni drogó, ni violó a nadie. En una declaración de casi tres horas ante la juez, en la que solo respondió a las preguntas de su abogada y del jurado popular, Jorge Ignacio solo lamentó haber desmembrado a Marta Calvo. También el dolor de la familia por no haber encontrado su cuerpo. El resto, según su relato, son fantasías. Tampoco cree en el criterio de los forenses. Su abogada defendió durante la exposición de las conclusiones finales que no existen pruebas que incriminen a su representado y dejó caer que las denunciantes podrían estar buscando algún beneficio propio de las víctimas de violencia de género.

Tras consensuarlas con las partes, la magistrada presidenta del tribunal trasladará al jurado las preguntas que deberá responder sobre qué hechos considera probados o no. En ese momento, los nueve miembros se confinarán en un hotel para deliberar. Llegará el veredicto y tras él la sentencia. Sea cual sea el resultado, se hará justicia. Pero la familia de Marta Calvo seguirá sin conocer el paradero de la joven.