«En la lengua de todos»: denuncian a una funcionaria por pedir que se hable castellano en un Juzgado

El primero de ellos, de acuerdo con el documento firmado por la autodenominada 'ONG del catalán', tuvo lugar en el Juzgado de Paz de Crevillente (Alicante), donde un vecino de avanzada edad acudió para realizar unos trámites burocráticos y se habría encontrado con una funcionaria que le pidió que se dirigiera a ella en español y no en valenciano.

Según la denuncia, la empleada pública, ante la insistencia del usuario de hablar en su idioma materno, le habría dicho que se expresara «en la lengua de todos», al mismo tiempo que le aseguró que era de la comarca del Baix Segura, donde es común «no hablar ni entender el valenciano».

Plataforma per la Llengua lamenta que las expresiones de la funcionaria «discriminadora» son «reveladoras» en cuanto a los «axiomas sobre los que se fundamenta el supremacismo lingüístico castellano», que a su juicio «es inherente al nacionalismo español hegemónico».

Asimismo, asevera la habitual perceptora de subvenciones públicas durante el mandato del socialista Ximo Puig al frente de la Generalitat, que «el castellano es la lengua tradicional del Baix Segura -con las excepciones de Guardamar del Segura y Barbarroja-, pero no en el Baix Vinalopó, donde esta funcionaria se encuentra destinada». «Esta empleada no solo se veía legitimada a expresarse en este idioma, sino a exigir a los autóctonos que también la utilicen. El argumento es que el castellano es la lengua de todos, sin embargo la razón de su extensión y conocimiento generalizado se han de atribuir a la intervención del Estado y a la desigualdad en poder de los grupos lingüísticos de España», subraya.

En paralelo, la misma organización lingüística denuncia un segundo caso de vulneración idiomática, en este caso, en un Juzgado ubicado en la localidad castellonense de Vinaròs, fronteriza con Cataluña. Allí, argumentan, la defensa de un ciudadano acusado de un delito de lesiones solicitó al juez que le notificara la sentencia en valenciano, algo que se habría negado a realizar.

«El Juzgado se negó alegando que la Ley Orgánica del Poder Judicial da libertad para hacer los procedimientos en la lengua oficial de su lección, con la única obligación de traducirla al castellano si una parte lo solicita», relatan. Del mismo modo, hace referencia a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado internacional que previene que los procedimientos judiciales se han de desarrollar en estos idiomas si una parte lo solicita.

Finalmente, pese a esta normativa, el magistrado se habría opuesto a ello al entender que la defensa estaba pidiendo la traducción a una lengua «que no es oficial en su lugar de residencia y que no tiene obligación de conocer». El bufete de abogados tenía su sede en Cataluña y solicitó la sentencia en valenciano, pero el impedimento legal que sostuvo el juez responde a que los Estatutos de Autonomía de ambas regiones da a entender «que se trata de lenguas diferentes».

Al respecto, Plataforma opina que «la actitud cínica y negacionista, visiblemente maliciosa, del juzgado protagonista es más frecuente de lo que parece. La previsión a la Constitución de la oficialidad del castellano no ha estado nunca planteada en ninguna sede judicial como un cuestionamiento de la unidad de este idioma. Se trata así de una actitud sin fundamento racional, eminentemente política y claramente maliciosa».