«Me sentí amenazada»: una paciente denuncia a su médica por querer tramitarle la baja en castellano

Plataforma per la Llengua, entidad autoproclamada como la 'ONG del catalán, se ha hecho eco de este nuevo episodio de supuesta vulneración idiomática, al mismo tiempo que ha servido de puente para la reclamación que ha presentado la paciente para que se fiscalice el proceso y la Administración pública investigue los hechos que ocurrieron el pasado 2 de octubre.

De acuerdo con la experiencia que narra la usuaria, acudió a Urgencias porque tenía un resfriado muy fuerte. Explica que, a mitad de su explicación, la doctora le cortó y le exigió que hablara en castellano. No obstante, mantuvo la voluntad de seguir en su lengua materna, a lo que, según sostiene, la sanitaria le dijo que no podía atenderla negándose así a tramitarle la baja laboral «si no cambiaba al español».

Según expone la organización lingüística, justo después de estos hechos, entró a la consulta la coordinadora del centro médico y dio la razón a la médica obligando ambas a la paciente a cambiar de idioma. Ante esta exigencia, todas ellas discutieron hasta que la usuaria reconoció sentirse «humillada y amenazada».

Por todo ello, Plataforma remitió una carta escrita al centro de salud con el objetivo de conocer su versión y recordar que deben garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios. Al respecto, considera que estas discriminaciones vulneran la legalidad y, en concreto, a los valencianoparlantes, ya que el artículo 3 de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del valenciano, responde al derecho de los ciudadanos de expresarse en la lengua autóctona sin ser discriminados por razones idiomáticas.

Asimismo, subraya, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía determina que los ciudadanos valencianos tienen derecho a dirigirse a la Administración en cualquier de las dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma utilizada.

En este sentido, la entidad recuerda que el decreto 61/2017 establece que el valenciano será lengua de uso normal y general de la Administración de la Generalitat Valenciana, y, por lo tanto, de los centros sanitarios, y que una norma estatal, el Estatuto del Empleado público, prevé que los funcionarios garanticen la atención al ciudadano en la lengua que solicitó, siempre que sea oficial en el territorio.

«Aunque, individualmente, un trabajador no esté obligado a saber valenciano tampoco puede privar la atención de un servicio por razón de lengua, y la administración tiene la obligación de organizarse para que la atención esté disponible tanto en valenciano como en castellano», defienden. Por último, en el caso de los servicios de salud, el artículo 72 de la ley 55/2003 considera como «falta muy grave» toda actuación que suponga una discriminación por razones ideológicas o de lengua, tanto del personal como de los usuarios de los centros sanitarios.

A colación de este caso, Plataforma per la Llengua ha convocado una manifestación frente al centro médico de Catarroja para este lunes 30 de octubre para defender los derechos lingüísticos y perseguir la 'valencianofobia'. En su último informe de vulneraciones idiomáticas, constata, siempre según sus datos, que este tipo de discriminaciones se han triplicado en la sanidad durante el último año.

Durante el Gobierno de Ximo Puig, Plataforma por la Lengua instó a la Consellería de Sanidad y a las direcciones de los centros de salud que se informara los profesionales del deber de garantizar el derecho de la ciudadanía de expresarse en valenciano. Además, la entidad impulsó el 2020 la campaña «Sanidad en valenciano», que pedía una normativa sobre la capacitación lingüística del personal sanitario y presentaba una propuesta de protocolo para garantizar la atención sanitaria en valenciano. Sin embargo, el Ejecutivo del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos ignoró sus peticiones y no aprobó ningún decreto específico para desarrollar el requisito lingüístico en el ámbito sanitario.