Las llamadas al 016 -el número de atención a víctimas de violencia- se incrementaron un 42% durante la semana posterior al estreno. Tal fue la repercusión, que el asunto ha tenido derivadas que nada tienen que ver, al menos directamente, con los personajes que protagonizaban el documental.
La Audiencia de Valencia juzgará el próximo jueves a dos funcionarios de la Generalitat, un psicólogo y una trabajadora social interina de una Oficina de Atención a Víctimas de Delito, por acceder sin justificación a Viogen -el sistema que se utiliza durante el seguimiento de estos casos- para consultar datos personales y reservados de la propia Rocío Carrasco y de su expareja, Antonio David Flores. A esa herramienta tienen acceso los jueces, la Policía y el personal de Servicios Sociales.
No fueron los únicos que consultaron a información confidencial, desde sus teléfonos hasta las actuaciones judiciales realizadas, por lo que se tuvo que bloquear el acceso a ese expediente. Una decena de personas sin relación con el caso habían utilizado su clave para fisgonear ese expediente, tal y como pudo comprobar el Ministerio del Interior.
Desde la Conselleria de Justicia se abrió una investigación interna y se trasladó lo ocurrido a la Fiscalía, que finalmente denunció a siete funcionarios de diferentes departamentos. En ese sentido, se abrieron causas en juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca.
Para dos de ellos, que serán juzgados en los próximos días, el Ministerio Público pide ahora sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 5.400 euros -diez euros diarios durante 18 meses-y seis años de inhabilitación absoluta. Les acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La vista oral está programada para el 12 de enero, a partir de las once y media de la mañana, en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.
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