El juez prorroga un mes más el secreto de los correos intervenidos a Mónica Oltra y el resto de imputados

En un auto fechado el 25 de enero al que ha tenido acceso ABC, el juez señala que no han «variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones», por lo que es «necesario para el éxito de la instrucción» que no se dé traslado todavía a las partes.

Precisamente, estas diligencias han motivado que los dos últimos investigados no hayan declarado todavía ante el instructor. Aunque fueron citados para hacerlo y tuvieron que personarse en el juzgado, ni el exjefe de gabinete Miquel Real ni el exsubsecretario de Igualdad Francesc Gamero quisieron responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de esta pieza.

El juez ordenó en octubre incorporar a la causa los correos electrónicos oficiales de catorce de los dieciséis imputados, entre ellos la propia Mónica Oltra o la todavía directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero. De esto modo, admitía parcialmente la petición de una de las acusaciones populares -la de la asociación Gobierna-te de Cristina Seguí-, a la que se acogieron Vox -también personado en la causa- y la defensa de la víctima, representada por el letrado y líder de España 2000 José Luis Roberto.

Sin embargo, el titular de Instrucción 15 y el fiscal limitaron la intervención de esas comunicaciones por parte de la Policía Judicial a tres criterios: los correos debían ceñirse exclusivamente a los hechos denunciados, a las fechas en las que se produjeron y a aquellos escritos en los que los investigados apareciesen como actuantes.

Por tanto, se están analizando las comunicaciones mantenidas en dos periodos clave para el caso: entre el 20 de febrero y el 23 de marzo de 2017; y entre el 5 de julio y el 1 de diciembre del mismo año.

En el primero se recogen las semanas transcurridas desde que la entonces niña de 14 años relató por primera vez los abusos hasta que el monitor -Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo- regresó a su puesto de trabajo en el centro Niño Jesús de Valencia, al no darse credibilidad al testimonio de la víctima.

En el segundo, la Fiscalía ya conocía los presuntos abusos después de que la menor contara lo sucedido a dos policía nacionales. A partir de ahí, un juez dictó una orden de alejamiento, Mónica Oltra conoció los hechos por su condición personal -según ratificó en sede judicial- y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abrió un expediente que el instructor cree que buscaba desacreditar a la joven.

Por otra parte, la instrucción de la causa general se prorrogó hasta abril y sigue su camino. Entre los últimos movimientos destaca el de la acusación de Seguí, que solicitó que se incorporara la grabación completa -incluidas la tomas que no se emitieron- de la entrevista televisiva de Oltra en el programa 'Salvados'. Una diligencia a la que la exvicepresidenta valenciana se negó en rotundo.