El exjefe de gabinete de Mónica Oltra no responderá al juez hasta que se levante la pieza secreta

Como publicó ABC, la defensa de Real había informado por escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de sus intenciones para suspender la comparecencia, aunque el magistrado ha considerado necesario que el investigado se personara en sede judicial este jueves por la tarde, tal y como se le había citado, para refrendar su postura.

A su salida de la Ciudad de la Justicia y junto a cargos de Compromís, el ahora asesor de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ha indicado a los medios que retrasará su declaración hasta que conozca el contenido de la pieza separada, cuyo secreto se ha prorrogado hasta el 25 de enero, con los correos intervenidos a catorce de los dieciséis imputados.

En ese momento, ha señalado, no tendrá ningún problema en responder a las preguntas del instructor Vicente Ríos. En el documento remitido al juzgado, su abogado consideraba que, hasta entonces, resulta «imposible que el derecho de defensa sea cumplido en toda su extensión».

Miquel Real, mano derecha de la exvicepresidenta, fue imputado tras la declaración de Oltra en sede judicial el pasado mes de septiembre. Según esa comparecencia, él fue la primera persona a la que llamó cuando conoció los abusos y ya no supo más de las actuaciones que había llevado a cabo Igualdad.

La suya no era la única declaración prevista para este mes. El 18 de enero está citado como investigado en el juzgado el exsubsecretario de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero. Actualmente, Gamero es secretario autonómico de Hacienda.

El instructor ordenó en octubre incorporar a la causa los correos electrónicos oficiales de catorce de los dieciséis investigados, entre ellos Mónica Oltra o la todavía directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.

Emails que se cruzaron en las fechas en las que se habrían producido los hechos que se investigan: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017 y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre del mismo año. Dos periodos clave en el caso.

El primero contempla desde que la entonces niña de 14 años relató por primera vez los abusos hasta que el monitor -Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo- regresó a su puesto de trabajo en el centro Niño Jesús de Valencia, al no darse credibilidad al testimonio de la víctima.

En el segundo, la Fiscalía ya conocía los presuntos abusos después de que la menor contara lo sucedido a dos policías nacionales. A partir de ahí, un juez dictó una orden de alejamiento, Mónica Oltra conoció los hechos por su condición personal y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abrió un expediente informativo que el instructor cree que buscaba desacreditar a la joven, pese a que el caso ya estaba en los tribunales.

El instructor aceptó parcialmente la petición realizada por una de las acusaciones populares, la asociación de Cristina Seguí, a la que se acogieron Vox -también personado en la causa- y la defensa de la víctima, representada por el letrado y líder de España 2000 José Luis Roberto.