La Fiscalía cree que la trama de Azud pudo lograr «favores» del Gobierno de Ximo Puig

Anticorrupción basa sus sospechas en dos elementos que la Guardia Civil ya destacaba en uno de los documentos que obra en el sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. El primero de ellos es una conversación de Whastapp que mantuvieron en noviembre de 2016 el extesorero de los socialistas valencianos Pepe Cataluña y el presidente del Grupo Gimeno, Enrique Gimeno, ambos imputados. «El contacto es Manolo Mata», le dijo Gimeno a Cataluña. A lo que este respondió: «Se ha ofrecido él a buscar. No cerréis nada. Ya he hablado con el jefe».

Pese a que se desconoce a quién se refieren en este último caso, los investigadores de la UCO –también el fiscal– sí que identifican a Mata como el entonces Vicesecretario General del PSPV-PSOE y diputado y portavoz socialista en las Cortes Valencianas. Ahora, quien fuera mano derecha de Ximo Puig ejerce como abogado del presunto cabecilla de la trama, el promotor inmobiliario Jaime Febrer. No obstante, él mismo se ha desvinculado de esta mención en los documentos policiales.

La Fiscalía también hace referencia a las reuniones que –en base a los mensajes que se intercambiaron entre septiembre y octubre de 2019– Gimeno y Cataluña mantuvieron con la entonces directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz o con la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Maria José Mira.

Encuentros concertados por Cataluña con altos cargos del Gobierno autonómico en relación a algún tipo de expediente que Gimeno mantenía abierto con Hacienda y que habría finalizado con la firma de un acuerdo de conformidad por parte del empresario. En ese sentido, Anticorrupción señala que, en base a los indicios de los investigadores, esa «relación personal y de confianza» le habría llevado a «obtener favores frente a la administración gobernada por el partido socialista».

Una década antes, según la Unidad Central Operativa (UCO), el Grupo Gimeno habría sido una de las compañías que abonó gastos electorales para los comicios de 2007 y 2008 a cambio de adjudicaciones administrativas. En concreto, una de las empresas del grupo, Sitra, habría pagado 108.344 euros en 'merchandising' para la campaña de las municipales en la que Carmen Alborch fue candidata a la Alcaldía de Valencia. Otra de las empresas de Gimeno, FACSA, supuestamente sufragó camisetas, gorras, mochilas o ponchos impermeables por valor de 70.817 euros para la candidatura de María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por Valencia al Congreso de los Diputados.

Pepe Cataluña ejerció oficialmente como secretario de Finanzas del PSPV hasta 2004. Sin embargo, fue nombrado vicepresidente de Bancaja a instancias de su partido y siguió realizando funciones similares, ya sin cargo orgánico pero con uno «cosmético» en la entidad financiera, durante mucho tiempo después. Las anotaciones encontradas en su casa, que motivaron la apertura de esta pieza separada, evidencian «el control sobre la adjudicación pública, determinando las comisiones y porcentajes que las empresas adjudicatarias debían de satisfacer», apunta el fiscal sobre las supuestas mordidas en las obras del trasvase Júcar- Vinalopó.

Cataluña, indice Anticorrupción, «seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido (PSOE) y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas [...] habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista». También pone el foco en el «pago de comisiones y sobornos» por parte del constructor Jaime Febrer al abogado vinculado al partido José Luis Vera por facilitar actuaciones urbanísticas en Jijona, Pego y Bétera.

La Fiscalía atribuye a Cataluña un delito continuado de cohecho.