Un informe jurídico entierra la iniciativa legislativa para declarar la «independencia del País Valencià»

El órgano de gobierno, en el que están representados los cuatro grupos, ha tomado este decisión -que puede ser recurrida- con el aval de los letrados de la Cámara, a quienes solicitaron la semana pasada un informe jurídico sobre una cuestión que, como ya se antojaba, no cumple los requisitos legales para ser debatida.

La 'Proposición de ley de declaración de independencia del País Valencià', registrada por Solidaritat Catalana per la Independència en los días previos a la festividad autonómica del 9 d'Octubre, señalaba que la historia del territorio está «intrínsecamente ligada a la de los otros» que «conforman los 'Països Catalans'», en referencia a Cataluña y las Islas Baleares, al tiempo que pretendía que se reconociera el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El informe de los letrados de las Cortes Valencianas, consultado por ABC, es claro al respecto. Aunque los defectos formales encontrados en el procedimiento podrían ser subsanados, el texto promovido por el secretario general del citado partido, David Folch, así como por los valencianos Vicent Pallardó y Ricard Chulià, militante de Compromís, contiene errores materiales que sólo podrían enmendarse presentando una iniciativa completamente diferente, pues choca de frente con la Carta Magna.

«La pretensión de la iniciativa legislativa popular de conseguir una proclamación formal de la soberanía nacional del pueblo valenciano, de manera separada e independiente de la soberanía nacional de la que es titular el pueblo español -del que forma parte el pueblo valenciano según el artículo 2 de la Constitución‒ excede con creces la competencia legislativa de Les Corts», explican los juristas.

«La iniciativa que se presenta pretende de facto una reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía sin seguir los respectivos procedimientos previstos. Así, se pretende alterar el título preliminar de la Constitución con una ley de Les Corts Valencianes, dando lugar a un proceso que afecta al conjunto de la ciudadanía española, con la redefinición de la titularidad y el alcance de la soberanía nacional pero sin contra con el titular de esta soberanía, que es el pueblo español, lo cual exige un determinado proceso de reforma constitucional», agregan.

La propia Constitución, además, veta la iniciativa de la reforma constitucional a la ILP, tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico. Solidaritat Catalana per la Independència, que no tiene representación en ninguna institución, ya presentó en febrero una ILP en el Parlamento de Cataluña para declarar la independencia de esta región. Su tramitación salió adelante con los votos de Junts, pero en abril el Tribunal Constitucional la suspendió tras admitir un recurso del Gobierno central.