El 'hachazo' del trasvase Tajo-Segura a la mitad pone en riesgo 103.000 empleos y 3.900 millones de euros tras cinco años de crecimiento

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha subrayado en la presentación de este informe que aporta «las cifras reales de la relevancia todo el sector primario en la zona del trasvase» para que la opinión pública de toda España comprenda lo que hay en juego con estas medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, ha puesto de relieve que septiembre es «un mes significativo, por el cierre del año hidrológico y la apertura del nuevo», aparte de incidir que «esos datos» pueden quedar en el aire como consecuencia de una «reducción política de la dotación para el trasvase en los próximos dos años».

Al acto de presentación del estudio, este miércoles en Murcia, han invitado a todo el arco parlamentario.

El autor del trabajo, Javier Celdrán -director de PwC en Murcia, ha puesto el foco en «la generación de riqueza y de empleo» y muy especialmente en otro «impacto» añadido a las mermas del trasvase, la reducción también del uso de las aguas subterráneas, todo en un horizonte de 15 meses, en 2027.

Por eso, aunque «aumentan la eficiencia y la solidez» de la actividad agraria «con menos agua», estos avances de los últimos años y los posibles en el futuro no pueden compensar que se deje la dotación hídrica a la mitad. Esta «tecnología» puede permitir mejoras todavía de entre el 5% y el 10%, según sus cálculos, pero no más allá.

En definitiva, se presentan «un doble riesgo: la reducción del trasvase Tajo-Segura todavía por ver, ya que no ha salido el decreto, y el de la utilización de aguas subterráneas, en total, a la mitad, pero la mejora de la productividad de las empresas es incapaz de absorber esa menor disponibilidad».

Y aparte de las cifras globales expuestas en en este informe «con el rigor» de PwC, hay otras consecuencias indirectas en otros sectores económicos vinculados a la agricultura en la zona del trasvase, como los transportes de mercancía, los semilleros, sistemas de riego, tecnologías y varios más.

La aportación al PIB nacional ha experimentado un crecimiento de un 29,8 por ciento más que en 2019, según este informe titulado 'Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España'.

En cuanto al empleo, supone un 5,8% más en el último lustro, y en cuanto al uso de aguas subterráneas en agricultura generó 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en un impacto de 668 millones de euros en PIB y 31.428 puestos de trabajo.

El documento ha sido presentado en un acto en el que han participado el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, entre otros.

Durante su intervención, López Miras ha subrayado que «ningún presidente autonómico tiene competencias» en materia hídrica, con alusión explícita a Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha, quien mantiene su posición de presión a Pedro Sánchez para cerrar el trasvase definitivamente.

«No vamos a permitir esta tropelía, y el Gobierno de la Región de Murcia va a estar al lado de los agricultores y regantes», se ha comprometido López Miras, quien ha criticado lo que considera «una barbaridad» con una perspectiva de todos los españoles.

Por eso, ha reivindicado de nuevo Plan Hidrológico Nacional: «Algo tan importante como la gestión del agua es competencia del Estado, pero el Gobierno de España esté haciendo dejación de funciones y permitiendo el enfrentamiento entre comunidades autónomas».

Jiménez, por su parte, ha señalado que el informe incluye «cifras en positivo muy importantes» sobre el impacto económico del trasvase Tajo-Segura en el sureste del país, en Murcia, Alicante y Almería.

Sin embargo, ha advertido sobre posibles consecuencias negativas derivadas de la reducción planificada de aguas subterráneas a partir de 2027 al afirmar que esos datos, «que hablan de creación de empleo, de competitividad, de sostenibilidad, de sumideros de CO2, pueden dividirse por la mitad» si se aplica la reducción del 50% prevista en el Plan de Cuenca del Tajo.