El Gobierno reduce caudales ecológicos en el Júcar mientras los eleva en el Tajo para dinamitar los trasvases

Este aspecto tan controvertido y uno de los argumentos centrales que esgrime el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la cantidad de agua mínima que debe circular por el cauce del río, ahora parece más flexible cuando no está presionando este dirigente socialista al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aunque el Tribunal Supremo ratificó que, efectivamente, hay que establecer unos caudales ecológicos para preservar la salud medioambiental del Tajo, lo que nunca han cuestionado los regantes alicantinos y murcianos del Segura, no precisó cuáles deben ser, qué cantidad.

Preguntado por esta cuestión el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, no ha dudado en calificar como «caudales ideológicos inamovibles» los aplicados a rajatabla en el Tajo. Desde hace años, los técnicos han vigilado que al menos circulen seis metros cúbicos de agua (6.000 litros) por segundo a la altura de Toledo.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha dejado ahora la puerta abierta a reducir los suyos en la presentación, este viernes en Valencia, de su nueva propuesta de proyecto de revisión del Plan Especial de Sequía (PES) para los próximos años, que sustituye al vigente desde noviembre de 2018.

Se pretende conjugar el «minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de los episodios de sequía», con la no menos importante «garantía de la disponibilidad de agua para asegurar usos existentes y la salud de la población». Miguel Polo, presidente de este organismo -dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico-, ha confirmado la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria.

Y se contemplan posibles reducciones en las exigencias de los caudales ecológicos y las condiciones en las que se puede aplicar dicho caudal menos exigente, ha detallado Arancha Fidalgo, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH).

Asimismo, se incide en la necesidad de agilizar los trámites de evaluación ambiental de los pozos de sequía para que puedan activarse cuando haga falta. Aunque no se hace alusión alguna a la cuenca del Segura, esta falta de previsión denunciada por los agricultores (Asaja Alicante) y la Generalitat Valenciana hace que ahora no se pueda recurrir a este recurso de socorro en estos cultivos y se pierda en gran parte la cosecha de hortalizas de invierno.

De hecho, los regantes en el Júcar también están señalados a convertirse en los primeros que sufren las restricciones, si llega ese momento. No obstante, en la Confederación prevén «planes de emergencia agrícola» para así «anticipar y mitigar» los problemas, con medidas de «ahorro de agua o una selección de cultivos idónea para cada escenario».

En cambio, contrasta con esta visión de readaptación continua a las circunstancias y cierta flexibilidad con la postura fija y hermética en el Tajo, con un horizonte que en 2027 contempla subir los caudales ecológicos mínimos hasta 8,65 metros cúbicos por segundo, lo que entrañará una reducción de entre 70 y 110 hectómetros anuales del trasvase, más de la mitad del volumen actual, que ya es un 50% menos del previsto cuando entró en funcionamiento el acueducto.