El Gobierno busca empresas para destruir plantaciones de marihuana ante el incesante aumento de las incautaciones en Valencia
Las fuerzas de seguridad no disponen de medios para deshacerse de la droga intervenida en la región, que supera los 54.000 kilos al año, casi la mitad del total nacional
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Imagen de archivo de una plantación de marihuana desmantelada por la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana
Rara es la semana que no se desmantele una plantación de marihuana en la Comunidad Valenciana. Fue la región que más cantidad de esta droga incautó en 2022, casi la mitad del total nacional y con mucha diferencia respecto al resto de autonomías. Se ... decomisaron 54.249 kilos, una cifra histórica que suponía un aumento del 224% respecto al año anterior, según la Estadística anual sobre drogas realizada a partir de los datos recopilados por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Para tomar perspectiva, en 2018 solo se decomisaron 4.694 kilos.
Ese aumento exponencial del último lustro está dando quebraderos de cabeza a los efectivos, no solo por la abundante producción –exterior e indoor– a pequeña o gran escala. Una vez se ha puesto coto al ilícito, hay que deshacerse de esta sustancia estupefaciente tras ponerla a disposición de la autoridad judicial.
Son los propios agentes los encargados de desmantelar las pequeñas plantaciones de marihuana. Pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no disponen de medios técnicos, preparación y tiempo para ese tratamiento en las más grandes. Un problema logístico que el Ministerio del Interior pretende paliar externalizando ese servicio. En la licitación en marcha, publicada en el Boletín Oficial del Estado, se ofertan cinco lotes, pues Almería, Granada y Málaga, así como Cataluña, la Comunidad de Madrid y sus provincias limítrofes son otras de las zonas más afectadas por esta problemática.
El presupuesto para la Comunidad Valenciana es de 27.588 euros para un contrato de dos años a partir del 1 de febrero, aunque se estima que el valor del mismo pueda ascender a los 50.160 si se amplía otros dieciocho meses y se modifica al alza ante el incremento del número de plantaciones a destruir.
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Precisamente, los pliegos consultados por ABC ponen el foco en lo complicado de calcular el coste de estos trabajos, pues hay «desde plantones de escasos centímetros a verdaderos árboles de cerca de dos metros» en «zonas de fácil acceso junto a otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables».
A ello se añade que es peligroso trabajar en los invernaderos «cuando se producen altas temperaturas» o existen «trabas para el desbrozado, como ocurre cuando el cultivo está enredado en mallas plásticas que requieren una previa retirada antes de acceder a las plantas». Por ello, más allá de la maquinaria necesaria y del material para el envasado de las sustancias, se debe contar con los equipos de protección y seguridad necesarios.
Se contempla un gasto fijo -que puede aumentar según el servicio- de 275 euros y de 27,5 euros la hora por empleado, muy por encima del convenio de los jardineros, teniendo en cuenta que «deben tocar y estar en contacto con material estupefaciente y la insalubridad el producto en cuanto a la emanación de gases y olores».
El servicio consiste en apoyar a los agentes en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar que se pudran; arrancar las plantas y triturarlas o compactarlas en sacos o cajas, siguiendo instrucciones de la autoridad judicial o sanitaria que las custodia; y trasladarlas a un lugar determinado. Además, el documento indica que el adjudicatario garantizará la confidencialidad de los trabajos, que en su mayoría son objeto de investigación.
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