El Gobierno autoriza a Mazón a endeudarse por valor de 1.816 millones de euros tras negarle el FLA extra

Tras la cita de este martes, el Gobierno aprueba la petición del barón 'popular' alicantino para formalizar operaciones de deuda a corto plazo en el mercado hasta el 31 de diciembre de 2025, en base al artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La ministra portavoz Pilar Alegría ha anunciado la autorización de la operación de endeudamiento por valor de 1.816 millones de euros, pero la ha enfocado para la realización de tareas de reconstrucción de los municipios afectados por la dana. Al respecto, ha defendido que la puesta en circulación de estos recursos se suman a otros 7.700 millones que, según el Ejecutivo, se han movilizado para dar respuesta a los estragos de la riada del pasado 29 de octubre.

Tras recibir luz verde, el equipo económico de Mazón ha anunciado la concertación del crédito con tres entidades financieras, con el objetivo de atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales, como las farmacias, ante la no aprobación por parte del Gobierno del Fondo de Liquidez Autonómico 2026. En concreto, distribuida entre CaixaBank, con 1.616 millones, y Sabadell y Kutxabank, con 100 millones cada una.

La operación, que cuenta ya con las ofertas aceptadas por parte de las entidades, se ha estructurado con un vencimiento de hasta un año y un coste estimado equivalente al tipo del Tesoro más 25 puntos básicos. Las ofertas obtenidas han permitido cubrir por exceso las necesidades de tesorería de la Generalitat. Una vez se ha producido el acuerdo por parte del Consejo de Ministros y la autorización formal por parte del estado, la Dirección General de Financiación resolverá la convocatoria y procederá a formalizar los créditos para que los recursos lleguen a los proveedores en el menor plazo posible.

El propio presidente autonómico ha asegurado que este crédito es «el clavo ardiendo al que no tenemos más remedio que agarrarnos» desde el Consell y ha reprochado al Ejecutivo central que haya «retrasado» y puesto «pegas» a esta petición. A su juicio, si el Consejo de Ministros no hubiera aceptado la operación, «sería como finalmente acabar declarándonos un país extranjero», algo «muy grave», o como «consagrar el 'lo que quieran que lo pidan, que yo ya me lo pienso'». «No me cabe en la cabeza», ha sostenido.

Poco antes de la confirmación estatal, la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, garantizaba que de aprobarse empezarían a cobrar «en breves semanas, especialmente las farmacias» e insistía en que es «la única alternativa» que le queda al Consell ante el «silencio atronador» del Gobierno respecto a la aportación del FLA extraordinario para la Comunidad, «por primera vez en 12 años y en el peor año para los valencianos» tras la dana.

En cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno autonómico seguirá reclamando ese FLA independientemente de la autorización del crédito. «No vamos a dejar de pedirlo», ha recalcado, y ha reiterado que «lo prioritario» para la región es la reforma del sistema de financiación autonómica. «Lo que no hace el Gobierno lo hacen los bancos», ha ilustrado, y ha agradecido la predisposición de las entidades financieras.

Preguntada por cuándo podrán cobrar las farmacias, la también consellera de Servicios Sociales ha afirmado que será «lo antes posible». «En breves semanas se podrá empezar a pagar a los proveedores, especialmente a las farmacias», ha aseverado, y ha destacado que este martes mantiene una reunión el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con representantes del sector para «explicarles la situación».

Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha subrayado que la Generalitat ha actuado «haciendo un ejercicio de responsabilidad, en favor de los proveedores, farmacéuticos, entidades sociales y, sobre todo, pensando en los ciudadanos receptores de los servicios públicos básicos y esenciales», ante la ausencia del extra FLA que permitiera cubrir el déficit estructural. Merino ha recalcado que este déficit «no es atribuible a un exceso de gasto, sino a la insuficiencia de recursos del sistema de financiación vigente».

En este sentido, ha denunciado que «el Gobierno de España no da ni un euro: lo único que hace es autorizar que la Generalitat se endeude más para pagar lo que el Estado debería haber transferido desde hace meses». La consellera ha lamentado que «estamos ante el Gobierno más desleal de la historia con los valencianos», al que ha acusado de «olvidar y despreciar a cinco millones de ciudadanos que también son españoles y tienen derecho a una financiación justa».

Aunque esta vía de financiación no constituye la opción preferente desde el punto de vista financiero, la Generalitat ha optado por activar esta solución ante el retraso por parte del Gobierno de España en la aprobación del FLA extraordinario, el mecanismo que durante los últimos doce años ha servido para financiar el exceso de déficit de las comunidades autónomas. Los fondos irán destinados de forma prioritaria al pago de facturas pendientes y la operación se cancelará a su vencimiento cuando se apruebe la financiación mediante endeudamiento a largo plazo.

En paralelo, destaca la Generalitat en un comunicado que la operación de 1.816 millones suscrita ahora permite normalizar el estado de la tesorería, a pesar de que el retraso en la aprobación del extra FLA impedirá la llegada de los 1.900 millones de euros previstos este mes como primer desembolso de ese fondo.

La formalización de las operaciones por parte de la Dirección General de Financiación se produce tras el acuerdo del Consell del pasado 8 de julio para formalizar operaciones de deuda pública fuera del FLA para cubrir 2.490 millones de euros del déficit de 2024, excluido el gasto derivado de la dana.