La Generalitat Valenciana rechaza la «invasión de competencias» de Pedro Sánchez con los apartamentos turísticos

Además, ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez tome decisiones «sin ningún tipo de consenso con las entidades competentes en la materia» y que «los anuncios tengan como objetivo apropiarse de los logros que autonomías como la valenciana están realizando en vivienda y turismo reglado».

Como datos sobre esta gestión autonómica, Cano ha recordado que la Comunitat Valenciana ha impulsado una nueva norma autonómica que este verano ha cumplido un año y que ha permitido «llegar a acuerdos con ayuntamientos para perseguir la economía sumergida en el turismo, cediendo la recaudación de las sanciones a las entidades locales», y que ciudades como Valencia, Benidorm o ahora Torrevieja han decidido asumir esa gestión.

También se ha avanzado en la depuración del registro autonómico de viviendas turísticas, que con Gobiernos anteriores se había dejado crecer hasta superar los 100.000 pisos, y ya se han dado de baja más de 18.000 inscritos que no contaban con la documentación esencial.

Asimismo, se ha reforzado la seguridad para comunidades de vecinos y arrendatarios, con facilidades para echar a inquilinos molestos. «Estamos trabajando de la mano del sector para tener un turismo más ordenado y justo para todos», ha dicho.

Esa baja de alojamientos de uso turístico ha suscitado la oposición y quejas no sólo en el ambito político, también la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turísticos de la Comunitat Valenciana (Aptur CV), la ha calificado de «una persecución a la oferta legal«, cuando además se les pide a las plataformas que los comercializan que retiren sus anuncios.

En realidad, se trata de viviendas que han solicitado número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales y constan como revocados, pero no son ilegales.

A juicio de la consellera Cano, «los anuncios arbitrarios del presidente son un claro brindis al sol que, además, crean expectativas falsas sobre un problema muy real: la falta de vivienda producto de la inseguridad jurídica que crean las políticas de este Gobierno».

En cambio, su pretensión ahora se sustenta en una ley que está recurrida en los tribunales por varias autonomías por «invasión de competencias» y cuando se califica esas viviendas de ilegales «se hace en base a una regulación que ha sido cuestionada de manera reiterada incluso por informes contrarios del Consejo de Estado», ha asegurado.

En definiva, la consellera lamenta que el Gobierno «ataca» al turismo como «chivo expiatorio» de sus problemas, en especial, la falta de vivienda y ha puesto el foco en algunos datos elocuentes: su uso turístico supone menos de un 2% del parque total de la Comunitat Valenciana, mientras los últimos datos de la Agencia Tributaria revelan que una de cada tres casas en la región, casi 760.000 inmuebles, están vacíos o a disposición para alquilar.

Por todo ello, Cano ha pedido al Gobierno de España que «deje de demonizar una de las principales actividades económicas para la Comunitat Valenciana», que «genera más de 300.000 empleos y más del 16% del PIB».