La Generalitat Valenciana denuncia la «imposición» del Gobierno en el reparto de menores migrantes

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid de este pasado lunes, la 'número dos' del presidente Carlos Mazón mostró su solidaridad con Canarias «por la situación que están padeciendo de crisis migratoria desde el otoño de 2023» y recriminó que el Ejecutivo central pretenda solucionar el problema «trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas, sin contar con una política migratoria real».

Así, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «incumpla su responsabilidad y ponga parches ante su incapacidad de abordar una política real que permita atajar la crisis migratoria con el único objetivo de obtener el plácet de los independentistas catalanes para mantenerse en La Moncloa y todo a costa de la dignidad de los menores».

Camarero lamentó que el Gobierno convoque «una reunión tan importante sin trasladar la información de lo que se quiere debatir e imponiendo a las autonomías un orden del día en el que no hemos podido participar». «Una convocatoria que no es legal, y que tratan de urgente cuando venimos hablando de este problema dos años y que no va a acabar porque estamos con un Gobierno incapaz de desplegar Frontex y atajar la inmigración de forma efectiva», aseveró.

La vicepresidenta también opinó que la crisis migratoria se debe a «la falta de política migratoria del Gobierno de España, que está provocando un efecto llamada» y exigió una política migratoria en origen «para evitar que los migrantes se jueguen la vida en el mar», así como una «política de prevención y de reparto en coordinación con el resto de los países europeos».

Para Camarero, «aceptar el reparto masivo de menores que pretende imponer el Gobierno de España es irresponsable porque provoca el colapso del sistema de acogimiento, un hacinamiento y una falta de capacidad de atender con la dignidad que merecen los menores no acompañados» y, por ello, anunció que la Generalitat presentará un recurso de inconstitucionalidad al Decreto. Además, recordó que «la Comunidad Valenciana es una autonomía solidaria y receptora, dado que llegan migrantes a nuestras costas y, además, durante el año 2024 aumentó el número de plazas en un 66% y, pese a ello, hoy nos encontramos con una sobreocupación del 160%».

La consellera también ha denunció que el coste del proyecto migratorio supone más de 23 millones anuales que el Gobierno valenciano «asume casi en solitario, dado que el Gobierno de Sánchez solo paga 1,2 millones» Asimismo, detalló que los centros gestionados a través de conciertos, a través de los que se ofrece a los menores una atención integral y de calidad, tienen «un coste por cada menor al día de 218,85 euros», por lo que se preguntó si el Gobierno «va a transferir a la Comunidad Valenciana 6.500 euros al mes, 78.800 euros por cada menor al año, para cubrir estos gastos o si lo que busca es crear menores de primera y de segunda».

Ante esta situación, Camarero reclamó al Ejecutivo la financiación necesaria para compensar los gastos derivados de la acogida de menores en la Comunidad Valenciana, «que merecen una atención digna». Además, consideró «inaceptable la infrafinanciación que sufre este territorio, que ha padecido la peor tragedia natural de la historia de España y que, actualmente, está asumiendo un importante esfuerzo económico para mantener los recursos destinados a menores no acompañados», según lamentó la vicepresidenta.

La consellera también alertó sobre los problemas prácticos del reparto de menores porque «no hay infraestructuras donde ubicarles» y ha recordado que la Comunidad ofrece una atención integral de calidad a los menores tutelados. «Nuestros centros están gestionados con criterios de calidad, en espacios reducidos y personalizados. No podemos aceptar modelos de hacinamiento que perjudiquen a los menores y deterioren el sistema», afirmó.

Del mismo modo, criticó que el Gobierno «deje tirados a los menores en cuanto cumplen los 18 años» porque «carece de política de emancipación», mientras que la Comunidad Valenciana sí ofrece recursos de emancipación, porque «cuando llega la mayoría de edad y llega la realidad, nos encontramos con menores sin casas, sin trabajo, sin papales y en la marginación social por no darles atención, planificación y seguimiento».

Por todo ello, la consellera insistió en que «este Gobierno no puede incumplir de forma permanente su responsabilidad y, al mismo tiempo, pretender que las comunidades autónomas asumamos las políticas migratorias». Por ello, rechazó el reparto propuesto «no por falta de solidaridad, sino por sentido común, por responsabilidad y porque no vamos a permitir que se juegue con la dignidad de los menores que ya tenemos acogidos en nuestro sistema».

En paralelo, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Gobierno a dar asilo a 1.400 menores y el Gobierno de Sánchez ha incumplido el plazo y ha dicho que no tiene medios para hacerlo. «Cómo es posible que un Gobierno no tenga capacidad para acoger a estos menores y quiera imponer a las comunidades autónomas que acojamos a un número importante de menores», recriminó tras criticar que el Ejecutivo «está incumpliendo permanentemente su responsabilidad al buscar que las autonomías se hagan cargo de su incompetencia».

Por último, criticó que «de nuevo, y no es la primera vez, que este Gobierno burla a las comunidades autónomas e intenta tapar su incapacidad de hacer frente a la crisis migratoria». En este punto, lamentó el «autoritarismo del Gobierno que, ante la postura en contra de la mayoría de las comunidades, ha aplicado el rodillo y no nos ha permitido votar». Finalmente, Camarero sostuvo que «es racista crear un sistema de acogimiento que no posibilite la atención que requieren los menores que están acogidos en nuestros centros».