La exconsellera imputada por la dana se considera «cabeza de turco» y señala al Gobierno central

Pradas niega que hubiera un «mando único» y esgrime que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el órgano que gestionaba la emergencia aquella fatídica jornada- tenía un «comité dual de dirección» que compartían ella y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como un comité de seguimiento.

En ese sentido, pone el foco en que, más allá de que la Generalitat tuviera las competencias en protección civil, del Estado «dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos», como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así se extrae del recurso de apelación, consultado por ABC, que la entonces responsable de emergencias ha interpuesto en la Audiencia de Valencia contra el auto de imputación de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias ante presuntos homicidios y lesiones imprudentes.

Pradas está citada a declarar como investigada, al igual que el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, el próximo 11 de abril. Ambos fueron cesados del Gobierno de Carlos Mazón a finales de noviembre. Por su parte, Pilar Bernabé comparecerá como testigo tres días después.

La exconsellera empieza así a desvelar su estrategia en los tribunales, en la que se alinea de momento con la tesis que la Generalitat viene defendiendo desde hace casi cinco meses: la corresponsabilidad del Ejecutivo central. Su defensa -que pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento- la dirige el abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano.

«Con la más que abundante información disponible no cabe atribuir responsabilidad penal por la muerte de las víctimas», asevera el escrito, «a personal técnico o político concreto, relacionado con los hechos de sus competencias, sino todo lo más al funcionamiento de las tres Administraciones implicadas», que debería dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa con las indemnizaciones que correspondan.

«Estamos ante una catástrofe natural de una magnitud impresionante que se desencadenó con una rapidez imparable», indica. «El origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad, no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores», sostiene el recurso. «Concretamente, la Presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del barranco del Poyo que se iban a hacer, en 2011, y que tampoco se hicieron», agrega.

Los abogados de Pradas entienden que «no es admisible» centrar la investigación en el retraso del aviso masivo a los teléfonos móviles, que según la juez hubiera evitado muchas muertes, pues «en los hechos intervinieron por acción u omisión innumerables organismos de las distintas Administraciones». Asimismo, destacan que no existía un protocolo para aplicar el sistema Es-Alert. Tampoco estaba implementada «en los planes de emergencia, la colaboración con el 112 y las autoridades de protección civil». En ese sentido, argumentan que «existía una selva normativa en la que aparecen incontables referencias a la necesidad de coordinación».

«La información a transmitir al CECOPI, sobre la posibilidad de desbordamiento de las cuencas, así como dar la alarma en caso de peligro inminente de rotura de presas le correspondía al director del plan de gestión del riesgo de inundación que era el director de la CHJ», añaden.

En cualquier caso, consideran que debe escucharse primero a los técnicos de la emergencia, para que expliquen «por qué ocurrió lo que ocurrió y que informaciones dieron a los órganos institucionales».

Por ello, seguir por la vía penal es una tarea «verdaderamente hercúlea», ante su complejidad y extensión en el tiempo, que sólo conducirá a la «frustración de las víctimas». La depuración de responsabilidades, defienden, «se encuentra situada en el ámbito político, con las tres comisiones parlamentarias de investigación», en el Congreso, el Senado y las Cortes Valencianas.

Tras meses de instrucción, recalcan, «se está en condiciones de saber, sin más trámites, que nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos y que la causa fundamental de ello ha sido la magnitud de una catástrofe natural que por sus características y velocidad de su curso constituyó un fenómeno de imposible previsión o en su defecto, de evitación», por lo que «lo procedente es el archivo».