Escola Valenciana pide a la Generalitat sustituir el castellano en la concertada y corregir así lo que votaron las familias

Literamente, según han expresado en un comunicado, «instan a la Conselleria de Educación a parar esta ofensiva contra la lengua valenciana» con el objetivo de «garantizar la enseñanza en valenciano en todas las comarcas, incidiendo en los centros privados-concertados, que hasta ahora han sido refractarios a ofrecer líneas en valenciano».

Esta reivindicación que entraña corregir de alguna manera lo que madres y padres han elegido libremente se sustenta en su 'Informe 2025/2026 Distribución de las unidades docentes después de la consulta sobre la lengua base', presentado este martes por la entidad -que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y su logo, además del de la Diputación de Barcelona- junto con las Unitats per l'Educació Multilingüe de las Universidades de Valencia y Alicante.

A su juicio, esa votación telemática desde los hogares «fue una medida populista, innecesaria e ideológicamente sesgada que ha obstaculizado desproporcionadamente la organización de los centros educativos», aunque no han aclarado cuál fue ese supuesto sesgo ni la razón de que la opinión de los progenitores sea prescindible.

Desde la Conselleria, han rechazado «la argumentación peregrina» de que en la concertada se haya dado la espalda al valenciano como lengua base tras las elección, comparando con la legislación anterior. «Con la ley del Botànic, la titularidad de los centros privados establecía el Proyecto Lingüístico del Centro (PLC), mientras que en los públicos era el consejo escolar, con el resultado de que en lugares como Valencia ciudad prácticamente toda la oferta de valenciano estaba en la pública, y toda la oferta de castellano en la concertada», han recordado.

En cambio, ahora «con la Ley de Libertad Educativa, por primera vez se ha establecido el mismo procedimiento (consulta) para los públicos y privados concertada, y el resultado es que en concertados donde sólo se ofertaba castellano, también se han empezado a ofertar grupos en valenciano porque así lo han demandado las familias».

No obstante los autores del citado informe -Jordi Antolí y Alicia Martí- consideran que «los efectos de la ley son claramente perjudiciales para la enseñanza en valenciano, especialmente en las zonas de predominio castellano» y la presidenta de Escola Valenciana, Rosanna Martínez, califica la nueva norma de «trampa» y «aberración sociolingüística».

Ambas entidades reclaman en consecuencia «reforzar el valenciano en las comarcas de predominio castellano y evitar la disgregación idiomática», si bien aprecian «síntomas de esperanza» en algunas «ciudades medianas y grandes» como Vila-real, Gandia, Alcoi, Torrent y Sagunt, con «una demanda creciente de centros que ofrecen enseñanza en valenciano». Es decir, allí donde según esta lógica han votado bien y no hay sesgos, tal como se deduce de las conclusiones de este balance del «impacto devastador de la ley».