El doble desamparo de la víctima del exmarido de Mónica Oltra: engrilletada y sin defensa de la Generalitat

Conforme avanzó ABC este lunes, los letrados de María Teresa T. M. han solicitado al magistrado del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que cite a declarar a los policías que la llevaron engrilletada al juicio contra su abusador, así como a dos responsables del centro de menores en el residía entonces. Además, han pedido al magistrado que dirija un oficio a la Abogacía General de la Generalitat para que detalle negro sobre blanco las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaron en relación con la posible personación como acusación particular en defensa de la menor tutelada.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga si desde la Conselleria de Igualdad se trató de encubrir el caso de abusos cometido por el exmarido de Oltra cuando todavía estaban casados y se maniobró para desacreditar a la menor. La causa suma dieciséis imputados. Además de la exvicepresidenta de la Generalitat figuran como imputados Rosa Molero, Francesc Gamero y Miquel Real, todos ellos cargos actuales a propuesta de Compromís en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig.

Con la petición de nuevas diligencias, la defensa de María Teresa T. M. trata de demostrar que la entonces menor sufrió «victimización secundaria», también conocida en la jerga jurídica como revictimización. La victimización secundaria se define como los daños de tipo psicológico que sufre la víctima a causa de la falta de información o asistencia adecuada por parte del sistema.

Los abogados de María Teresa T. M. consideran que al «privar a la menor tutelada de una asistencia jurídica a la que tenía perfecto derecho» y conducirla desde el centro en el que residía al juicio contra su abusador esposada supusieron dos «elementos más en su revictimización, lo que tiene la trascendencia que en su día se concretará de cara a la concurrencia de los diferentes tipos delictuales».

En el escrito remitido al juez, la defensa de María Teresa T. M. recuerda que en su declaración como imputada del pasado 19 de septiembre, Mónica Oltra «manifestó que la Abogacía de la Generalitat no se había personado como acusación particular en defensa y representación de los intereses de la niña tutelada porque no existía título habilitante, alegando que la Ley 26/2018 entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial».

Sin embargo, la Ley 12/2008 de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, vigente cuando María Teresa T. M. denunció los abusos sexuales de su educador, establecía que «los menores, cuya tutela haya asumido la Generalitat por ministerio de la Ley, podrán ser representados y defendidos en juicio, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al Ministerio Fiscal, a excepción de aquellos supuestos en que se produzca conflicto de intereses. Esta defensa y representación será ejercida por los abogados y letrados de la Abogacía General de la Generalitat».

Pese a ello, María Teresa T. M. fue privada de asistencia jurídica cuando era una niña. Ahora, en el escrito remitido al Juzgado número 15 de Valencia sus abogados explican que «resulta de indudable interés conocer que letrado o letrada de la Generalidad (cuerpo cuya alta calidad técnica y preparación no es necesario encomiar por sobradamente conocida) pudo firmar semejante dislate jurídico».

La defensa de María Teresa T. M. cree que la joven también sufrió una «victimización secundaria» al ser conducida al juicio contra su educador esposada. Al respecto, la normativa de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y los protocolos de actuación policial establece que «solo se admite el uso de grilletes u otros sistemas de aseguramiento y protección con los menores detenidos, en los casos que sea estrictamente necesario, como respuesta proporcional a la naturaleza del hecho cometido y a la actitud del menor en el momento de su detención, cuando no sea posible otro medio de contención física, y sólo en referencia a menores detenidos como infractores penales, no cuando el menor sea la víctima».

Dichas instrucciones fueron obviadas en el caso de María Teresa T. M., lo que según su defensa abundó en la «revictimización». Los letrados entienden que «partiendo de la hipótesis más que probable de que hubo un intento de ocultar primero y desacreditar después su denuncia, no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia: amedrentando a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio».