Los tres imputados del caso de Mónica Oltra que Ximo Puig mantiene en la Generalitat

La presión de sus socios del PSPV en el Gobierno que lidera Ximo Puig fue in crescendo durante días hasta que la dirigente de Compromís anunció su salida. Todos sabían que el desgaste mediático a menos de un año de las elecciones autonómicas podía sentenciar al tripartito que ambas formaciones componen con Unides Podem.

Pero no fue el único alto cargo que se vio involucrado en la causa que investiga ya a dieciséis personas, la mayoría funcionarios o trabajadores del centro Niño Jesús en el que ocurrieron los hechos por los que el educador Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo.

La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, que también fue imputada el pasado mes de marzo, sigue en el mismo punto del organigrama -el tercer escalón de la Conselleria de Igualdad- que en el periodo que se investiga. A Molero se han sumado esta semana dos nuevos actores: el exjefe de gabinete y el exsubsecretario de Vicepresidencia, Miquel Real y Francesc Gamero, dos de los máximos colaboradores de Oltra. De hecho, el juez los ha llamado a declarar -todavía sin fecha- tras las referencias que hizo a ellos en su comparecencia en sede judicial. El magistrado intenta dilucidar si desde la Generalitat se trató de ocultar los abusos.

Real se mantuvo como asesor tras la toma de posesión de Aitana Mas como sucesora en la dirección del departamento autonómico, mientras Gamero cesó de su cargo en 2019 coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura y ejerce desde entonces como secretario autonómico de Hacienda, un alto cargo en el segundo escalón del Ejecutivo.

Los tres están investigados por un elemento en común: el expediente informativo que Igualdad abrió para esclarecer lo ocurrido. Rosa Molero tuvo un papel fundamental en lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia calificó como una investigación «paralela» a la judicial cuando un magistrado ya había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima de catorce años. Por tanto, el caso ya estaba judicializado.

Ese documento reservado se centró, según el juez, en «desacreditar» el testimonio de la menor. Según indicó ella misma en su declaración ante el instructor, fue Molero quien, el 8 de agosto de 2017 y estando de vacaciones, llamó por su cuenta -sin recibir órdenes de Oltra ni de nadie- a su subdirectora para pedirle que abriera un expediente administrativo sobre la actuación de Igualdad ante unos graves hechos que se conocían en el centro de menores desde febrero, pero de los que, tal y como afirmó, su área no había tenido constancia hasta entonces.

«Me llamó la subdirectora, yo estaba de vacaciones, y me dijo que le habían informado desde la dirección territorial, había un caso de presuntos abusos…Se había dado hacía un tiempo. […] Para mí lo más importante era saber qué había pasado y por eso le digo a la subdirectora expresamente que ordene un expediente informativo», concretó Molero. Mónica Oltra, pese a las contradicciones de los últimos meses, ratificó esa versión.

La dirigente de Compromís había conocido los abusos cuatro días antes por su condición personal, tras una llamada de su exmarido alertándola de la llegada de una notificación judicial al domicilio que compartían. Ese mismo 4 de agosto llamó a su jefe de gabinete.

«En ese momento lo primero que le digo es que recabe información y mire si alguien sabe algo en Consellería porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera», manifestó ante las preguntas del juez y el fiscal.

Real, a su vez, informó de la situación al subsecretario. Gamero pidió días más tarde a la dirección territorial la máxima colaboración con la Fiscalía tras varias comunicaciones desatendidas. Fue también el alto cargo al que Oltra informó por escrito sobre su relación con el monitor cuando accedió al poder en 2015, por si tuviera que inhibirse en la toma de decisiones sobre esa residencia, aunque la Abogacía de la Generalitat no lo vio necesario.

En los días siguientes, y según lo expuesto por la exportavoz del Gobierno valenciano, Miquel Real le indicó que se centrara en la hospitalización de uno de sus hijos, puesto que las actuaciones «estaban en manos de quien tenían que estar»: los técnicos. Oltra afirmó que no tuvo conocimiento de la existencia de ese expediente hasta 2020 y defendió que nunca lo ha leído.

Sobre las imputaciones de Real y Gamero se pronunció hace unos días la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Aitana Mas, haciendo un llamamiento a la prudencia. «Al igual que hacemos en otros casos, hay que hacer valer la presunción de inocencia y hay que respetar el procedimiento y los tiempos judiciales», reclamó. Según Mas, hay que esperar a que den explicaciones «y ya veremos después qué pasa».

«Ahora mismo son solo dos personas que deben ir a declarar para dar su versión de los hechos y para resolver las dudas que tenga el juez». Indicó. A partir de ahí, señaló, «será el juez el que tenga que decidir si quiere abrir juicio oral o no y, por tanto, nosotros seguimos a la espera de que los dos cargos, en un ejercicio de transparencia, den toda la información que se les reclame».

De momento, el magistrado Vicente Ríos sigue centrado en resolver qué ocurrió en ese «brevísimo periodo de tiempo» de cuatro días en pleno mes de agosto.