«Una discriminación sangrante con intenciones separatistas»: desmontan los planes experimentales de lengua catalana en Valencia

A partir del próximo curso, dos centenares de centros los suprimen y se adaptan a la nueva normativa, aunque mantienen un importante tiempo lectivo en valenciano porque fueron planes voluntarios elegidos por las familias, según señaló la Conselleria de Educación. No obstante, la plataforma de madres y padres -y docentes- Idiomas y Educación matiza esa teórica libre elección, al considerar que no escogieron realmente las familias, además de desentrañar cómo han funcionado en la práctica.

«En ese tiempo, esos centros han manejado la imposición lingüística a su antojo, con programas experimentales que no son experimentales», describen desde esta plataforma, en la que, de entrada, recuerdan el significado del término experimental: «Que sirve de experimento». Y denuncia «los despropósitos del Gobierno anterior, el de PSPV-Compromís, por aplicar programas experimentales en 203 centros educativos cuando no era un experimento, sino una discriminación sangrante con segundas intenciones políticas y separatistas».

Para justificar esta afirmación, indican que «el Botànic también incumplió sus propias leyes, al imponer Programas Lingüísticos de Centro en donde la materia troncal en castellano era Religión, es decir, no era troncal».

Desde otra plataforma, Hablamos Español, también se denunció como durante el anterior mandato se inflaban las horas de clase en castellano contabilizando Religión y otros tiempos aún más esperpénticos, como las horas de estudio, para hacer los deberes o de consultas a los profesores (tutorías) o también las de funciones de teatro, tal como reveló ABC.

Y también incumplió -según Idiomas y Educación- los porcentajes e «incluso falsearon las cifras publicadas en la Guía de Centros de Internet, donde sólo difundían un porcentaje para cada centro, cuando la realidad es que cada curso contaba con un porcentaje diferente; y la realidad era que siempre los porcentajes reales eran superiores, a favor del valenciano».

En conclusión, «todo un despropósito y para el próximo curso, la nueva Conselleria, al menos en estos programas experimentales, se ha comprometido a desactivarlos», reconocen, aunque no aceptan por completo las primeras medidas adoptadas contra la inmersión lingüística en las aulas.

Sin embargo, «no se ha atrevido a desactivar el requisito lingüístico, ni para este próximo curso ni para el siguiente, ya que la exigencia va con la condición de funcionario, no con la plaza que requiere esa lengua vehicular».

A juicio de Idiomas y Educación, esta exigencia del título de valenciano para ejercer la función pública «es la lacra, porque transforma a los docentes en adoctrinadores; y porque chantajea a los padres para que sus hijos pierdan su lengua materna a cambio de acercarles a las posibilidades de ser funcionario».

Por lo tanto, su balance resulta agridulce. «Aunque los programas experimentales sí serán frenados, la nueva ley PP, aprobada con el apoyo de Vox, no soluciona ni el 10% de los problemas que ha creado el Gobierno del Botànic». Y remiten para un análisis más pormenorizado y amplio de toda la ley, a una serie de ocho vídeos difundidos en su web.

Además, recuerdan que esos colegios optaron en el curso 2019/2020 por aplicar programas plurilingües experimentales «para saltarse los porcentajes mínimos de cada lengua cooficial». Y aseguran que la Conselleria -en aquel momento gobernada por Compromís dentro de la coalición con el socialista Ximo Puig- «autorizó 203 programas de Infantil (de tres a seis años) en los que no ha existido ni una hora de castellano».

Además, subrayan que esa realidad se escamoteó con total falta de transparencia: «La Guía de Centros Docentes de la Conselleria de Educación, accesible en Internet, ofrece datos de porcentajes que aplica cada colegio pero en el caso de la enseñanza Infantil (incluido el segundo ciclo) no hay información sobre el peso de las lenguas… Una verdadera vergüenza».

Desde Idiomas y Educación apuntan que el artículo 8 de la ley de entonces estipula literalmente que «la Conselleria competente en materia de Educación podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley». En la práctica, ese precepto dio cobertura a las intenciones de los independentistas. «Atención a la barbarie: «superar» los objetivos significaba discriminar, es decir, elevar el valenciano y eliminar el castellano».

No estaba expresado así sobre el papel, evidentemente, sino que «los objetivos a que se refiere esa ley eran: garantizar el logro de una competencia plurilingüe; la igualdad de oportunidades y la integración en la sociedad valenciana; y posibilitar la normalización del uso social e institucional del valenciano».

Sin embargo, en las disposiciones transitorias de otra ley, en este caso aprobada en enero de este año tras el cambio de color político al frente de la Generalitat Valenciana, en la primera se establece que hasta la implantación, en septiembre de 2025, se aplicará el programa lingüístico establecido por las disposiciones vigentes, con la excepción de los programas experimentales que hubiesen sido autorizados en virtud del artículo 8 la norma de 2018.

«Con ello, queda claro que los programas experimentales quedarán suprimidos», concluyen en esta asociación, lo que coincide con el anuncio a finales de julio del actual conseller, José Antonio Rovira (PP). No obstante, «Idiomas y Educación considera que la Conselleria llega un año tarde y deberían estar suprimidos desde hace un año».