La Comunidad Valenciana exige «al menos» la misma rebaja de la deuda que Cataluña: «Nosotros estamos infrafinanciados»

«No vamos a amenazar con romper nada y no vamos a jugar en mesas oscuras», ha señalado este viernes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En declaraciones tras mantener una reunión con la Plataforma pel Finançament Just en Alicante, Mazón ha criticado el «ninguneo permanente» que sufren los valencianos en materia de financiación, agua o inversiones.

En términos muy similares se ha expresado la portavoz del Consell, Ruth Merino. El Ejecutivo autonómico reclamará «al menos» las mismas condiciones que los catalanes: «Nosotros sí estamos infrafinanciados, Cataluña no».

El documento firmado por los socialistas y los independentistas recoge la condonación de hasta 15.000 millones de deuda -el 20%- del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña. Una medida que se puede extrapolar a otras regiones en función del impacto de la crisis de 2008. Desde el PSPV consideran que la deuda valenciana podría verse reducida en 10.000 millones.

Al respecto, Merino ha criticado que se haya buscado «un argumento tan banal» y la «total opacidad» con la que se ha calculado ese porcentaje, lo que deja al resto de comunidades en una situación de «absoluto desconcierto e indefensión». «No sabemos a qué atenernos y en base a qué pedir qué», ha lamentado.

La también consellera de Hacienda cree que los calificativos «vergonzoso» e «indecente» se quedan cortos para definir lo que considera «una compra de votos» a cambio de privilegios para que Sánchez siga en la Moncloa, en referencia a la negociación de la amnistía para los condenados por el 'procés' con Junts o al traspaso de los Cercanías y «otras prebendas como una infame comisión bilateral para hablar de financiación» con Cataluña incluidas en el pacto con ERC.

Precisamente, en la misma rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell, la titular de Infraestructuras, Salomé Pradas, ha descartado tajantemente que el Gobierno valenciano vaya a pedir el traspaso integral de ese servicio ferroviario a la Generalitat como sí hizo el anterior presidente Ximo Puig.

Hacerlo sería «irreal e irresponsable», ha incidido, sin disponer de una financiación «adecuada» para sanidad o educación. Sí solicitan que se ejecute el Plan de Cercanías que contemplaba una inversión de 1.437 millones entre 2017 y 2025 y del que solo se ha ejecutado el 20%.

En paralelo, este viernes el Gobierno valenciano de PP y Vox ha aprobado una declaración institucional contra esa futura ley de amnistía a los encausados por el 'procés', al considerar que supone «una traición sin precedentes» a la Constitución y a la igualdad entre españoles y «el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro a cambio de permanecer en el poder».

En ese texto, se apela a la «responsabilidad y dignidad» de los diputados valencianos en el Congreso y el Senado para votar en contra a esta norma. La declaración recoge que España sufre «un ataque extremadamente grave a la democracia y al estado de derecho» a causa, a su juicio, de la amnistía, «una aberración jurídica sin precedentes» que «da la razón a los golpistas».

Es por eso que el Consell quiere advertir a los parlamentarios que apoyen esta ley que serán «responsables de una inaudita ruptura de valores constitucionales», además de instar a los órganos de gobierno de las Cortes Generales a rechazar su tramitación, por lo que se hace llegar a la Mesa de ambas cámaras.