«Una bala me cuesta cuatro euros»: los jabalíes atacan campos y casas en la Comunidad Valenciana por lo caro que es cazarlos

El pasado invierno, la federación autonómica ya protestó por la falta de ayudas públicas para asumir el coste de realizar batidas o simplemente de que cada cazador, a título particular, se motive a disparar a esta especie que ha perdido el miedo al ser humano y ocasiona graves destrozos a los campesinos, además de dar algún susto en lugares tan insospechados como la playa. Varios incidentes sobre la arena con bañistas causaron revuelo en el litoral alicantino.

Aparte de tener que hacer números porque el combustible está disparado y hay que desplazarse por el monte, además del resto de elementos necesarios, material y munición, a los cazadores tampoco les ha resultado un aliciente poder comer luego esta carne, ya que hay que llevarla a centros dotados de lo necesario para el análisis de la triquina.

Esta carencia se ha empezado a resolver hace unos días, cuando se han habilitado ya ocho clínicas veterinarias (cuatro en Castellón, tres en Valencia y una en Alicante) por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, tras un convenio firmado el pasado mes de diciembre con el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV).

Aunque no falta la tecnología de apoyo para facilitar la caza de estos animales, con medios cada vez más sofisticados como el empleo de atrayentes, por ejemplo, hormonas de la hembra que los machos detectan a distancia y se aproximan a la zona de les espera con la escopeta, y a pesar de que las administraciones en este caso no aplican restricciones dada la proliferación de la especie, con una «población descontrolada», su presencia fuera de la Naturaleza salvaje es un quebradero de cabeza para muchos.

Sin ir más lejos, este viernes, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha mostrado un campo de naranjos especialmente destrozado por los ataques de jabalíes en Picassent (Valencia) al nuevo conseller de Agricultura, José Luis Aguirre.

Han querido así trasladar la necesidad de tomar soluciones urgentes. El presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado, ha valorado el compromiso anunciado por Aguirre de reunir a todas las partes implicadas, junto a la Conselleria de Medio Ambiente y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), a fin de estudiar medidas que permitan tanto reducir el exceso de fauna silvestre como ayudar a los agricultores afectados.

Aguado asegura que «los daños aumentan año tras año, se extienden a toda la agricultura de la Comunitat Valenciana y en este 2023 superaremos con creces los 40 millones de euros de pérdidas de 2022. Además de incentivar la caza, la Administración ha de buscar más soluciones prácticas apoyadas en la política y los centros de investigación».

El conseller de Agricultura lamenta «que se ha llegado a esta plaga por una mala gestión y una dejadez del anterior Consell« y se ha comprometido a »estar al lado de los agricultores y escuchar a las organizaciones agrarias para estudiar las posibles soluciones. Es evidente que hay que tomar cartas en el asunto y controlar el exceso de población, que se está multiplicando a una velocidad desesperada».

El propietario del huerto, Daniel Delgado, ha relatado que «el campo está vallado pero aún así los jabalíes continuamente entran y causan destrozos que ya son imposibles de arreglar«. Ante la reincidencia, este agricultor desiste de su actividad: »He decidido que voy a dejar de seguir gastando dinero y perdiendo tiempo en estos agujeros que dejan las raíces de los naranjos al descubierto y ocasionan la muerte del arbolado, rompen gomas de goteo, ocasionan desniveles que pueden causar accidentes de tractor o personas trabajadoras, etcétera».

Por su parte, el delegado de AVA-Picassent, Paco Laza, ha detallado que «al menos el 70% del término municipal está afectado por los jabalíes. Se trata de un problema muy grave, prácticamente todos los días, y ante el cual urgen menos limitaciones a la caza y ayudas directas a los agricultores para costear los gastos y compensar los daños sufridos».

En definitiva, por mucho que las autoridades abran la mano y toleren el uso de medios que antes no estaban permitidos, la clave está en quién tiene que rascarse el bolsillo para atajarlo.