Los agricultores envían un informe a Bruselas para frenar los recortes al trasvase Tajo-Segura

La asociación agraria reclama a la Comisión Europea, y en particular a sus servicios, a que «desempeñen un papel activo en el impulso de una estrategia hídrica más coherente y orientada al futuro para el sur de España, alineada con las prioridades climáticas y de seguridad alimentaria de la UE».

Asaja estima que «existe una clara oportunidad para que la UE promueva un modelo moderno, resiliente y basado en la ciencia para la gobernanza del agua, que evite su politización y que sea capaz de apoyar tanto la protección medioambiental como la producción agrícola sostenible en una de las regiones más afectadas por el estrés hídrico de Europa».

En la carta resalta que «los recortes al trasvase Tajo-Segura, la falta de infraestructuras hídricas y el bloqueo de iniciativas como el proyecto 'Vertido Cero en Alicante' están lastrando la productividad agrícola en las provincias del este español».

En Asaja, dice, «defendemos una estrategia nacional del agua que aporte certidumbre a una actividad esencial como es el sector primario, que garantiza alimentos de calidad para la población. A ello se suman las consecuencias del cambio climático, una realidad que traerá consigo una creciente inestabilidad en los recursos disponibles».

En este documento, el máximo responsable de Asaja recuerda que el 10 de febrero de 2023, el BOE publicó el Plan Hidrológico del Tajo, tras la aprobación de los Planes de Cuenca por el Consejo de Ministros el 24 de enero. En el que se recoge, puntualiza, que «los caudales ecológicos impuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica se aplicarán automáticamente: aumentarán progresivamente hasta alcanzar los 8,65 m3 por segundo en 2027, lo que supondrá una reducción en los trasvases a la cuenca del Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos al año, dejando en 105 hm3 el volumen anual que llegará a las provincias receptoras».

«El trasvase mantiene 147.000 hectáreas de regadío en la región levantina, riega 55 millones de árboles frutales y cítricos, emplea a más de 105.000 personas y abastece a 2,5 millones de habitantes, de manera que el recorte podría suponer la pérdida de más de 15.000 empleos directos en Alicante, Murcia y Almería», advierte el presidente de Asaja.

A lo que se uniría, subraya, «el empleo, dado que la reducción del suministro hídrico podría conllevar la desaparición de más de 27.000 hectáreas de cultivos y unas pérdidas económicas estimadas en 5.692 millones de euros».

A su juicio, «no existen criterios técnicos ni científicos que avalen esta decisión, es puramente ideológica», y recuerda también que en abril de este año «se filtró una sentencia del Tribunal Supremo que parecía indicar que habría recortes progresivos de hasta un 50% del agua del trasvase Tajo-Segura para riego hasta 2027». Una noticia, ha comentado, que «genera inquietud e incertidumbre entre los agricultores, que no saben si dispondrán del agua suficiente para planificar sus ciclos de siembra».

El presidente de Asaja también indica que «desde 2004 se viene proponiendo la desalación como complemento al trasvase Tajo-Segura para alcanzar los 400 hm3 disponibles para el área regable del trasvase y el Gobierno español propone la desalación como sustitutiva del trasvase». Considera que «no puede ser la solución por su elevado coste, impacto ecológico, baja calidad para cultivos de regadío y, sobre todo, porque necesitamos alcanzar los 400 hm3 para los que fue diseñado el trasvase Tajo-Segura».

Aunque destaca que en los últimos años se han construido varias desaladoras que «podrían favorecer la normalización de esta fuente, como en el caso de Torrevieja, no van acompañadas de infraestructuras de distribución ni de planificación, lo que anula su potencial».

Pedro Barato afirma en esta carta que «el agua es un recurso tan esencial como otros, como la electricidad. Así como se ha construido una red eléctrica nacional, se necesita un plan integral de infraestructuras hídricas que contemple todas las fuentes posibles: reutilización, desalación, tratamiento, ahorro y trasvases».

Argumenta en este documento que las decisiones sobre el trasvase Tajo-Segura, la planificación de la desalación y la implementación de proyectos de infraestructura específicos corresponden al Gobierno español. Sin embargo, reconoce que la Comisión Europea «tiene un papel clave que desempeñar en la definición de la orientación estratégica de las políticas medioambientales y agrícolas, la promoción de la coherencia entre las acciones nacionales y europeas y garantizar que los Estados miembros apliquen soluciones basadas en la ciencia, proporcionales y coordinadas ante desafíos compartidos, especialmente en el contexto del cambio climático».