Los agricultores claman contra el aviso de cerrar el trasvase: «Más pronto que tarde, Page dejará de tener influencia en el Gobierno»

Este augurio de advertencia por boca del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, al dar a entender que los responsables comunitarios europeos van a clausurar el acueducto para fomentar el uso de tecnologías frente a la sequía, aunque no haya ninguna comunicación oficial al respecto, ha suscitado rechazo entre los regantes.

No obstante, el contexto político de tensiones entre Emiliano García Page y el 'aparato' de su partido, con su encontronazo durante el Comité Federal del PSOE el pasado fin de semana con el ministro de Transportes, Óscar Puente, parece darle la razón a la organización agraria alicantina, en el sentido de su peso específico para presionar a Pedro Sánchez.

De ahí que el presidente provincial de Asaja, José Vicente Andreu, se muestre algo esperanzado en un cambio en el tablero de juego de la política nacional del agua. A su juicio, Page dejará de influir en el Gobierno «o más bien «desgobierno -por lo que vemos cada día- de la Nación: Entonces, en buena lógica, debe llegar la razón y la técnica en la decisiones en materia hídrica; esperemos verlo pronto».

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), su presidente, Lucas Jiménez, ha matizado que «el recorte del trasvase no es obra de Page, sino fruto de una planificación politizada y dirigida a recortar los envíos al Levante».

En su análisis de esta dinámica, el representante de todas las comunidades de agricultores usuarios de esta infraestructura ha señalado que «con precisión milimétrica, se impuso un régimen de caudales ecológicos desigual en los tramos del río Tajo, elevando aquellos que afectaban directamente a la viabilidad del acueducto». De esta manera, Jiménez pone el foco en esa intencionalidad destructiva de sin ninguna justificación medioambiental.

«Page es simplemente el vocero machacón que obtendrá réditos políticos de una decisión que perjudica seriamente al Levante; y que no beneficia a nadie, ni siquiera al río Tajo», apostilla.

El debate sobre el reparto de estos recursos continúa vivo, en cualquier caso, después también de la celebración del XXI Congreso del PP, de nuevo con diferentes lecturas por parte de los dos partidos mayoritarios. Así, desde las filas populares han aplaudido el «compromiso» de su máximo dirigente, Alberto Núñez Feijóo, de llevar adelante un «Plan Nacional del Agua en sus primeros cien días como presidente del Gobierno», tal como han coincidido en resaltar el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, y el diputado autonómico de este partido en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno.

En cambio, la portavoz socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha calificado este planteamiento de Feijóo como «un plan vacío de contenido; eso no es un plan, es humo para tapar que no tienen una sola gota de agua» para esta Comunidad Autónoma.

Y ha asegurado que el PSOE «tiene una hoja de ruta clara, que ya ha puesto en marcha, para garantizar agua para siempre en la Región, y la fórmula es complementar el trasvase con la desalación, la depuración y la modernización de regadíos». Ni rastro del pronóstico de su compañero de filas de la clausura definitiva del Tajo-Segura formulado desde Bruselas.

Hace unos días, precisamente la Asociación Española de Desalación y Reutilización del agua (AEDyR) se pronunció partidaria de ese Pacto Nacional del Agua en un foro celebrado en Madrid por esta entidad que aglutina a 300 empresarios y profesionales del sector.

Mientras tanto, en la zona más al sur regada por esta infraestructura, en Almería, la organización agraria Coag ha trasladado a la Junta de Andalucía su «preocupación» por el abastecimiento de agua de riego para el inicio de la campaña agrícola, en especial en la comarca de Níjar, por lo que ha pedido que se acelere la «búsqueda de alternativas».

En una nota, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha advertido de que la situación podría ser «crítica» si no se apremian algunos proyectos para dar recursos alternativos a la zona, como la potabilización del agua procedente del trasvase Tajo-Segura o la puesta en marcha de una desaladora privada en el Levante.