«El acoso y las amenazas eran constantes»: un juez condona una deuda de 880.000 euros a un matrimonio pensionista

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento Familiar (AEF) ha cerrado este complejo expediente con éxito aplicando la conocida Ley de la Segunda Oportunidad. Fuentes de la entidad explican que el único ingreso que tenía este matrimonio era una pensión por invalidez, «por lo que es muy complicado mantener una unidad familiar con solo un ingreso que precisamente no se trata de una cuantía elevada por lo que no tuvieron otra opción que solicitar diferentes medios de financiación con préstamos y tarjetas para poder salir adelante».

Durante este tiempo acumularon deudas con la Agencia Tributaria y la Diputación de Valencia además de con diferentes entidades bancarias y empresas dedicadas a los préstamos rápidos, subrayan desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento Familiar.

Al disponer de una sola fuente de ingresos se hizo inviable atender la cuota mensual adeudada a todos los acreedores.

Comenzaron entonces las continuas llamadas de recobro y amenazas de embargo hacia los valencianos. Como comenta Laura Muñoz, abogada de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, «este acoso suele ser normal y provoca en el asociado una situación de malestar y de estrés imposible de afrontar por sí solo».

Tras intentar negociar por su cuenta con los bancos y demás acreedores sin éxito, acudieron a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Los abogados de esta entidad de ámbito de actuación nacional estudiaron su situación y les animaron a comenzar el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Solo con empezar el proceso ya obtuvieron un respiro económico importante: la paralización de cualquier pago por los préstamos y tarjetas, así como del devengo de intereses. Además, cualquier ejecución o embargo quedaba en suspenso hasta que el caso se resolviera. Otra ventaja que no debe pasar por alto es que cesó considerablemente el acoso de los acreedores, permitiendo una mejora en la salud de los asociados.

Una vez iniciado y conseguido lo expuesto, se intentó realizar un acuerdo extrajudicial con todos los acreedores -a pesar de ser un número elevado-, por el cual se proponía pagar una cuantía mensual acorde a los ingresos de los deudores. La negativa de los bancos a aceptar tal propuesta impidió que este convenio se materializase.

No obstante, esto se convirtió en la mejor noticia, «dado que ya quedaba demostrada la buena fe del interesado y optaba a conseguir la cancelación y perdón de todo lo que debía». Tras este intento de acuerdo, se solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ontinyent que se exonerara el 100% de las obligaciones pendientes de los deudores; lo cual fue aceptado permitiéndoles una segunda oportunidad y comenzar de cero sin lastres financieros.

Para acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos, que han cambiado con la reforma concursal. Estos son: la insolvencia del interesado, no haber estado en concurso los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico.

Una vez comprobados estos presupuestos se dictó la resolución definitiva el pasado 18 de septiembre concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 880.944,71 euros incluidas las deudas que mantenían con Hacienda y la Diputación de Valencia.

Con esta sentencia los acreedores de los concursados no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a los ya ex-deudores.

Ya son 242 las sentencias favorables conseguidas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento durante 2023.