En este contexto, Aerte ha decidido pedir medidas cautelares para recuperar la posibilidad del contacto físico en un «entorno seguro» entre familiares y personas usuarias, así como la eliminación de la reserva de las 1.400 plazas para aislamientos en centros, la necesidad de alcanzar un 95 por ciento de vacunación entre todas las personas del centro para considerarlo de vacunación completa y la posibilidad de hacer ingresos en centros con brotes cuando estén controlados.
«La vicepresidenta -y consellera de Igualdad-, Mónica Oltra , dijo hace diez días que había espacio para seguir avanzando y, sin embargo, todo sigue igual . Pero, al menos, nos ha contestado públicamente. La Consellería de Sanidad ni siquiera ha respondido a los correos pidiendo una reunión. Los residentes, las familias y los profesionales ya están agotados y no entienden que no se cambie la normativa . No nos ha quedado más remedio que acudir a los tribunales», ha lamentado José María Toro , presidente de Aerte.
En este contexto, desde la patronal han recordado que, en los últimos tres meses y medio, se han producido 37 casos positivos de coronavirus en las residencias valencianas y siete fallecidos desde el 1 de marzo, «lo que indica la baja incidencia del Covid-19 en las residencias tras la vacunación ».
En la misma línea, ha apuntado que en el estudio ProVaVac que está llevando a cabo la Generalitat, ha revelado que el 98,7 por ciento de las personas vacunadas en residencias ha desarrollado
anticuerpos a los tres meses de la segunda dosis
, lo que la sitúa en una de las tasas más altas descrita hasta el momento.
«Por todo ello, y con las evidencias que tenemos a día de hoy, pedimos a las familias y profesionales que se sumen a esta reivindicación de modificación de la normativa que está orientada a mejorar la calidad de la vida de las personas que atendemos», ha reclamado el presidente de Aerte.
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